Una Respaldan en comisiones iniciativa de Francisco Vázquez sobre elección judicial; avanza armonización constitucional rumbo a 2028

Toluca, Estado de México. La reforma constitucional que busca armonizar la legislación mexiquense con el nuevo modelo federal de elección judicial dio un paso decisivo en el Congreso local. Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Procuración y Administración de Justicia, respaldaron la iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, al considerar que fortalece la independencia judicial, la legitimidad democrática de los órganos jurisdiccionales y el acceso efectivo a la justicia. El respaldo de las bancadas de Morena y del Partido Verde Ecologista de México representa un avance político importante para una reforma que forma parte de la implementación estatal de la reforma judicial federal, impulsada tras los cambios constitucionales aprobados a nivel nacional. El objetivo es que el Estado de México cuente con un marco jurídico plenamente homologado para la elección por voto popular de juezas, jueces y magistraturas. Durante el análisis legislativo, los diputados coincidieron en que la propuesta no sólo responde a una obligación de armonización constitucional, sino que establece un modelo con reglas más claras para la selección de personas juzgadoras, mecanismos homogéneos de evaluación, mayor transparencia en las postulaciones y mejores herramientas de rendición de cuentas. Al encabezar los trabajos de las comisiones, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo subrayó que corresponde al Congreso construir un marco normativo sólido que permita la correcta aplicación de la reforma judicial y otorgue certeza jurídica tanto a las instituciones como a la ciudadanía. Señaló que la iniciativa representa un paso necesario para dar continuidad al proceso de transformación del Poder Judicial, evitando vacíos legales y estableciendo procedimientos constitucionales claros para la elección de quienes impartirán justicia en la entidad. Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas propuso incorporar criterios constitucionales específicos para que el Instituto Electoral del Estado de México pueda definir las futuras regiones y distritos judiciales electorales tomando como referencia parámetros poblacionales similares a los utilizados por el Instituto Nacional Electoral en sus procesos de redistritación. Asimismo, planteó precisar las reglas para atender vacantes y suplencias de personas juzgadoras y recordó que actualmente existen alrededor de treinta magistraturas que deberán someterse al nuevo esquema electoral, algunas incluso antes de concluir el periodo para el que originalmente fueron designadas. La diputada Selina Trujillo Arizmendi sostuvo que la reforma representa un nuevo paso en la democratización del Poder Judicial, al considerar que el sistema actual aún presenta limitaciones para responder con eficacia a las demandas sociales. Afirmó que la ciudadanía demanda instituciones judiciales más cercanas, transparentes y sensibles, por lo que consideró indispensable avanzar hacia un modelo que fortalezca la confianza pública y garantice un acceso efectivo a la justicia. En representación del Partido Verde, la diputada Miriam Silva Mata llamó a que durante la implementación de la reforma prevalezca la responsabilidad institucional, pues las decisiones de quienes integran el Poder Judicial tienen un impacto directo sobre el patrimonio, la libertad y los derechos familiares de miles de personas. Durante la reunión también participó Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, quien explicó que la iniciativa se apega a los parámetros establecidos en la Constitución federal y proporciona las herramientas jurídicas necesarias para desarrollar la reforma judicial en el ámbito estatal. El funcionario advirtió que la armonización legislativa no concluirá con esta reforma constitucional, ya que posteriormente deberán adecuarse diversas leyes secundarias conforme avance la legislación federal en la materia. ¿Qué propone la iniciativa? La propuesta impulsada por Francisco Vázquez establece que la renovación total del Poder Judicial del Estado de México concluya con la elección judicial de 2028, en lugar de realizarse en 2027, permitiendo que el proceso coincida con la siguiente elección judicial federal y concentrando en una sola jornada la renovación de los cargos pendientes. Entre sus principales innovaciones figura la creación de una Comisión Coordinadora, integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya función será homologar criterios de evaluación, verificar requisitos de elegibilidad, coordinar exámenes y establecer lineamientos comunes para la selección de candidaturas. La iniciativa también contempla un nuevo modelo de organización territorial mediante regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales, diseñados específicamente para la elección de juezas, jueces y magistraturas. Otro de los cambios relevantes consiste en modificar el diseño de las boletas electorales para que las y los ciudadanos puedan identificar claramente la especialidad jurisdiccional, el poder que postuló a cada candidatura y si se trata de una persona juzgadora en funciones que busca la reelección. De igual forma, fortalece las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, otorgándole mayores responsabilidades en materia de evaluación permanente, capacitación, actualización profesional y vigilancia del desempeño de quienes integren el Poder Judicial. Implicaciones políticas El respaldo obtenido en comisiones confirma que Morena y sus aliados mantienen la mayoría necesaria para avanzar en la consolidación del nuevo modelo judicial en el Estado de México, replicando la transformación impulsada desde el ámbito federal. De aprobarse en el Pleno de la LXII Legislatura, todos los cargos judiciales que no fueron renovados durante la elección extraordinaria de 2025, así como las vacantes que se generen, deberán someterse sin excepción al proceso electoral de 2028, con lo que concluirá la transición hacia un Poder Judicial electo mediante voto ciudadano. La discusión también abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la reforma judicial. Mientras sus impulsores sostienen que la elección popular fortalecerá la legitimidad democrática y la rendición de cuentas del Poder Judicial, sectores críticos continúan cuestionando los riesgos que este modelo podría representar para la independencia de las personas juzgadoras. En el Estado de México, sin embargo, el proceso de armonización constitucional ya entró en su fase decisiva.