Transportistas del Estado de México denuncian abandono institucional y amenazan con movilizaciones

Por Angélica Telles Rojas A seis meses de cambios en Movilidad, persiste la crisis del transporte mexiquense Toluca, Estado de México.— Organizaciones de transportistas de las regiones de Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Coacalco, Tultepec, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan manifestaron su inconformidad por la falta de resultados de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, a la que acusan de mantener paralizados los procesos de regularización, modernización y ordenamiento del servicio público. Durante una reunión de representantes del sector, dirigentes señalaron que, pese a diversos encuentros con funcionarios estatales y municipales, los problemas estructurales del transporte continúan sin resolverse. Advirtieron que, de no existir respuestas concretas, realizarán movilizaciones el próximo 11 de junio y analizan nuevas acciones de protesta durante eventos de alta visibilidad pública. José Manuel Gutiérrez Hernández, representante de transportistas, afirmó que la dependencia atiende reuniones y mesas de trabajo, pero no ofrece soluciones definitivas. Según expuso, miles de concesionarios continúan sin poder regularizar sus unidades a pesar de que el proceso fue prometido desde enero de 2024. Por su parte, Jorge Camacho pidió dar continuidad al denominado Plan Colibrí, una propuesta de modernización que contempla un modelo de transporte más seguro, regularización administrativa, seguridad vial y programas de sustitución de unidades obsoletas. Señaló que la regularización no debería representar un obstáculo para quienes cuentan con concesiones vigentes. En tanto, José Luis García, coordinador de transportistas en Coacalco y Ecatepec, acusó contradicciones entre instrucciones emitidas por el gobierno estatal y las decisiones tomadas por áreas administrativas de la Secretaría de Movilidad. También criticó la coordinación relacionada con proyectos de transporte masivo como el Tren Suburbano, la cual, afirmó, ha generado incertidumbre entre concesionarios y operadores. Contexto político La inconformidad ocurre en un momento delicado para la política de movilidad del Estado de México. La administración estatal heredó un sistema caracterizado por rezagos administrativos, crecimiento desordenado de rutas, envejecimiento del parque vehicular y conflictos históricos entre organizaciones transportistas. Durante más de dos décadas, distintos gobiernos estatales anunciaron programas de modernización y sustitución de unidades. Sin embargo, líderes del sector sostienen que dichos compromisos no se tradujeron en una transformación profunda. Como resultado, miles de usuarios continúan utilizando unidades con décadas de antigüedad, mientras que los concesionarios enfrentan trámites complejos, incertidumbre jurídica y dificultades para acceder a financiamiento. Analistas del sector señalan que el principal obstáculo para renovar el transporte público es la combinación de factores económicos, regulatorios y políticos. La adquisición de unidades nuevas implica inversiones millonarias que muchos concesionarios no pueden asumir sin incentivos fiscales, créditos accesibles o esquemas de apoyo gubernamental. A ello se suma la fragmentación histórica del sistema de concesiones, donde cientos de empresas y organizaciones operan bajo distintos modelos administrativos, dificultando la implementación de una política uniforme de modernización. Denuncias de inseguridad y corrupción Representantes de organizaciones transportistas denunciaron además presuntos actos de corrupción, extorsión e inseguridad que afectan al sector. Miguel Barrera, integrante de una agrupación de transportistas del Valle de México, sostuvo que existen trabajadores y operadores administrativos que obstaculizan trámites y generan condiciones de vulnerabilidad para los concesionarios. Asimismo, algunos dirigentes denunciaron presuntas agresiones y despojos contra transportistas por parte de grupos delictivos. También solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para investigar estos señalamientos y garantizar la seguridad de operadores y empresarios del sector. Los inconformes exigieron la destitución de funcionarios a quienes responsabilizan de retrasar procesos administrativos y mantener bloqueadas diversas solicitudes de regularización. Exigen acuerdo de regularización Entre las demandas centrales se encuentra la publicación de un acuerdo gubernamental que permita a los concesionarios acceder a beneficios fiscales, programas de regularización y esquemas de modernización vehicular. Luis Alejandro Bernal, representante de transportistas del Valle de Toluca, afirmó que el sector vive una situación de abandono institucional y que las autoridades deben asumir una política clara para rescatar el transporte público. Los dirigentes insistieron en que respaldan a la gobernadora y buscan colaborar con el proceso de transformación del sistema, pero demandan resultados concretos y no únicamente mesas de diálogo. Un problema heredado La crisis del transporte público mexiquense no puede atribuirse únicamente a la administración actual. Durante años, diversas gestiones estatales fueron incapaces de resolver problemas estructurales como la sobreoferta de concesiones, la falta de renovación vehicular, la informalidad operativa y los presuntos actos de corrupción vinculados a trámites administrativos. La falta de continuidad en las políticas públicas, los cambios frecuentes de funcionarios y la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión han contribuido a que los problemas se acumulen sexenio tras sexenio. Por ello, los transportistas sostienen que la solución requiere no sólo cambios administrativos, sino una reforma integral que otorgue certeza jurídica, financiamiento para la renovación de unidades, combate a la corrupción y reglas claras para todos los actores del sistema.