Tragedia en Temascalcingo reabre debate sobre regulación de la pirotecnia en el Estado de México

Por Angélica Telles Rojas Toluca, Estado de México.- La explosión de material pirotécnico ocurrida durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, que dejó 10 personas fallecidas y decenas de lesionados, colocó nuevamente en el centro de la discusión pública la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y revisar el marco legal que regula el uso y manejo de la pirotecnia en el Estado de México. La tragedia ocurrió la noche del 5 de septiembre, durante los festejos en honor a Nuestra Señora de la Luz, cuando material pirotécnico que se encontraba almacenado en un espacio utilizado como bodega, aledaño al templo, detonó y provocó el colapso de una estructura. Los reportes oficiales difundidos en los días posteriores llegaron a contabilizar hasta 81 personas lesionadas, aunque los primeros informes habían registrado 64. El accidente no sólo golpeó a una comunidad acostumbrada a mantener vivas sus tradiciones religiosas y festivas; también volvió a exhibir los riesgos que existen cuando la pirotecnia forma parte de celebraciones populares sin que existan condiciones adecuadas para su almacenamiento, traslado y manejo. Una tradición religiosa bajo escrutinio En Santa María Canchesdá, como en muchas comunidades mexiquenses, la pirotecnia forma parte de las fiestas patronales y representa una expresión arraigada de identidad comunitaria y religiosa. La celebración de Nuestra Señora de la Luz congregó a familias y visitantes que acudieron a participar en las actividades previas a la fiesta patronal. La dimensión religiosa de la tragedia también alcanzó a la parroquia: dos sacerdotes resultaron lesionados, de acuerdo con la información difundida por la Diócesis de Atlacomulco, que expresó sus condolencias y llamó a apoyar a las personas afectadas. El hecho plantea así un dilema para las propias comunidades: cómo preservar las tradiciones y celebraciones que forman parte de su identidad sin poner en riesgo a quienes participan en ellas. El costo social y económico Más allá de las víctimas mortales, la explosión dejó familias con personas hospitalizadas, gastos médicos, daños materiales y una comunidad que deberá enfrentar las consecuencias de una emergencia que alteró la celebración patronal. La respuesta posterior también evidenció la importancia de la solidaridad comunitaria. La Diócesis de Atlacomulco solicitó insumos médicos y artículos de primera necesidad para atender a los lesionados y acompañar a sus familiares, mientras autoridades estatales y municipales desplegaron servicios de emergencia. El accidente vuelve a poner sobre la mesa el costo económico que pueden representar estos siniestros, no sólo por la atención hospitalaria y la recuperación de las víctimas, sino por los daños a inmuebles, comercios y actividades económicas de las comunidades donde se realizan las celebraciones. La discusión llega al Congreso En el ámbito político, la tragedia vuelve a presionar al Congreso del Estado de México para revisar qué debe modificarse en materia de pirotecnia, particularmente en lo relacionado con la prevención, almacenamiento, transporte, supervisión y responsabilidades de quienes participan en su manejo. Durante una entrevista de banqueta, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, José Francisco Vázquez Rodríguez, se refirió a la necesidad de esperar la resolución correspondiente antes de definir los pasos legislativos que permitan trabajar sobre una eventual Ley de Pirotecnia. El legislador ha señalado que la actual Legislatura mantiene una agenda de revisión y desahogo de iniciativas pendientes, en un escenario donde los distintos grupos parlamentarios deberán construir acuerdos sobre los temas que lleguen al Congreso. La tragedia de Temascalcingo, en este contexto, puede convertirse en un punto de inflexión para que el debate deje de centrarse únicamente en la prohibición o permanencia de la pirotecnia y avance hacia un esquema que contemple seguridad, capacitación, permisos, almacenamiento, supervisión y protección de las comunidades, sin desconocer la importancia cultural y económica que esta actividad tiene para numerosas familias mexiquenses. De hecho, a nivel federal también existe una iniciativa para expedir una Ley General de Pirotecnia, cuyo objetivo es establecer la concurrencia de la Federación, los estados y los municipios en materia de pirotecnia de uso festivo, recreativo y artesanal; el proyecto se encuentra pendiente en comisiones de la Cámara de Diputados. Una comunidad marcada por la tragedia Para Santa María Canchesdá, la celebración religiosa que debía reunir a las familias terminó convertida en duelo. Las imágenes de los daños y los testimonios de quienes presenciaron la explosión muestran la dimensión de un accidente que trascendió el ámbito de una fiesta patronal y abrió una discusión sobre los límites entre tradición, actividad económica y seguridad pública. El reto para las autoridades, las organizaciones religiosas y las propias comunidades será encontrar un punto de equilibrio: preservar las expresiones culturales y religiosas que forman parte de la identidad mexiquense, pero bajo reglas que reduzcan al mínimo el riesgo de que una celebración vuelva a terminar en una tragedia. La decisión que adopte el Congreso mexiquense podría marcar un nuevo capítulo en la regulación de la pirotecnia en la entidad, particularmente después de un accidente que dejó 10 personas sin vida y decenas de familias afectadas.