Toluca reúne a autoridades y jueces de 18 países para fortalecer la cooperación judicial internacional

Por Angélica Telles Rojas Toluca, Estado de México.— El Poder Judicial del Estado de México se convirtió este miércoles en punto de encuentro para la cooperación judicial internacional con la realización de la Reunión Latinoamericana de Autoridades Centrales y Jueces de la Red Internacional de Jueces de La Haya, encuentro que congrega a representantes de 18 países para analizar los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia ante conflictos familiares que trascienden las fronteras. La reunión se lleva a cabo en el auditorio del edificio del Poder Judicial mexiquense, en Toluca, con la participación de autoridades centrales, magistradas, magistrados, juezas y jueces de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el inicio de los trabajos participaron 71 personas: 50 de manera presencial y 21 mediante conexión remota. El encuentro tiene como uno de sus principales ejes la aplicación de los Convenios de La Haya de 1980 y 1996, instrumentos internacionales relacionados, respectivamente, con los aspectos civiles de la sustracción internacional de niñas y niños y con la protección de menores, responsabilidad parental y cooperación entre autoridades de distintos países. Un problema que dejó de ser exclusivamente nacional La relevancia del encuentro radica en que fenómenos como la separación de familias, los conflictos por custodia y el traslado o retención ilícita de menores pueden involucrar simultáneamente a dos o más sistemas jurídicos. En estos casos, la actuación de un juez nacional no siempre es suficiente. Se requiere comunicación con autoridades centrales, tribunales y operadores jurídicos de otros países para determinar qué autoridad debe intervenir, intercambiar información y, cuando corresponde, hacer efectivos los mecanismos de restitución internacional. La propia Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ha impulsado durante años mecanismos de coordinación judicial en América Latina. Una reunión interamericana celebrada en México en 2011 ya había identificado como prioridades la expansión de la Red Internacional de Jueces de La Haya, la cooperación entre autoridades centrales y la aplicación regional de los convenios de 1980 y 1996. La dimensión política: cooperación entre Estados, más allá de los gobiernos Aunque se trata fundamentalmente de un encuentro jurídico, su dimensión también es institucional y diplomática. La presencia de representantes de 18 países refleja la necesidad de que los Estados mantengan canales de cooperación aun cuando existan diferencias políticas, económicas o diplomáticas entre sus gobiernos. En ese sentido, la justicia internacional enfrenta un reto particular: los conflictos familiares que involucran a menores no se detienen en las fronteras ni necesariamente coinciden con los tiempos administrativos de los Estados. Durante la inauguración, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, destacó que la elección de la entidad como sede representa una señal de confianza de los organismos internacionales hacia el Poder Judicial mexiquense. Por su parte, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez, planteó que la cooperación no puede desarrollarse de manera aislada y requiere coordinación directa entre las autoridades centrales y los órganos judiciales locales. La participación de Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, añade una dimensión diplomática al encuentro, pues la protección consular y la cooperación judicial pueden resultar determinantes cuando los casos involucran a ciudadanos mexicanos o familias establecidas en distintos países. México como espacio de coordinación regional La elección del Estado de México como sede ocurre en un contexto en el que la movilidad internacional de las familias plantea nuevos desafíos para los sistemas judiciales. Los procedimientos relacionados con sustracción internacional de menores exigen respuestas rápidas, debido a que el paso del tiempo puede complicar la localización, protección y eventual restitución de niñas y niños. Precisamente, uno de los primeros paneles de la reunión lleva por título “La urgencia en la tramitación de los casos: un desafío permanente”, con el objetivo de analizar los obstáculos que enfrentan las autoridades para ofrecer respuestas oportunas en procedimientos internacionales. Laura Martínez Mora, primera secretaria de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, explicó que el encuentro también permitirá dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de la Octava Reunión de la Comisión Especial celebrada en La Haya en 2023, así como revisar los avances en la implementación de los instrumentos internacionales. Más allá de los discursos institucionales, la reunión coloca sobre la mesa un asunto de creciente importancia para los Estados: cómo garantizar que las fronteras nacionales no se conviertan en obstáculos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para el Estado de México, la sede representa además una oportunidad de fortalecer sus vínculos con organismos internacionales y con poderes judiciales de otras naciones. Para la región, el desafío es traducir los acuerdos y buenas prácticas en procedimientos más coordinados y respuestas judiciales más oportunas ante casos que, por su propia naturaleza, requieren cooperación más allá de las fronteras.