Suman en el Congreso mexiquense iniciativas contra la violencia química o ácida

En la LXII Legislatura del Estado de México avanzan distintas propuestas para tipificar la violencia química o ácida como delito autónomo, fortalecer las sanciones y garantizar atención integral a las víctimas, en un contexto de creciente exigencia social y legislativa para reconocer este tipo de agresiones como una forma extrema de violencia de género. Durante sesión deliberante, la diputada Araceli Casasola Salazar presentó una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD que plantea penas de hasta 60 años de prisión cuando exista o haya existido una relación sentimental, afectiva, laboral o de confianza entre víctima y agresor, existan antecedentes de amenazas o violencia y las lesiones provoquen deformidades permanentes, pérdida de funciones orgánicas o afectaciones graves a la autonomía de la víctima. La propuesta busca reformar el Código Penal estatal para establecer que comete el delito de violencia química quien utilice sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas o cualquier otro agente capaz de provocar lesiones internas o externas, con penas base de 20 a 40 años de prisión y multas económicas, mismas que aumentarían en casos agravados. Además, contempla incorporar la violencia química o ácida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, reconociéndola como una forma extrema de violencia de género y un acto de tortura. Entre las medidas propuestas destacan la creación de protocolos médicos especializados, atención integral y gratuita de por vida, cirugías reconstructivas, atención psiquiátrica y psicológica, fiscalías y tribunales especializados, así como un Registro Estatal de Víctimas de Agresiones con Sustancias Químicas. La iniciativa también plantea que este tipo de agresiones sean investigadas bajo el marco de la violencia feminicida, con perspectiva de género y sanciones para autoridades que incurran en negligencia o revictimización. Por separado, el Congreso mexiquense recibió una propuesta impulsada por la Fundación Carmen Sánchez MX y mujeres sobrevivientes de violencia química, encabezadas por la activista María del Carmen Sánchez Flores, quien estuvo presente durante la sesión. La iniciativa ciudadana propone crear un tipo penal autónomo para la violencia química y ampliar las agravantes del delito para alcanzar penas de hasta 33 años y cuatro meses de prisión, además de tipificar como tentativa de feminicidio u homicidio calificado los ataques cometidos con ácidos, sustancias químicas, gases, agentes físicos o líquidos a altas temperaturas. El planteamiento considera agravantes cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables, existan razones de género, el ataque ocurra en espacios públicos, participen varias personas o el agresor sea servidor público. Asimismo, propone que los casos se persigan de oficio, eliminar beneficios judiciales para las personas imputadas y garantizar rutas integrales de atención médica, psicológica, educativa y laboral para las sobrevivientes. La propuesta también establece obligaciones para instituciones médicas públicas y privadas, como notificar de inmediato a las autoridades, preservar indicios para las investigaciones y registrar estadísticas sobre los casos atendidos. En el ámbito judicial, se plantea que los procesos sean atendidos con perspectiva de género, enfoque interseccional y especializado, además de garantizar peritajes técnicos financiados por el Estado cuando las instituciones públicas no cuenten con capacidad suficiente. Las iniciativas se suman a otras ya presentadas en la actual Legislatura por las diputadas de morena Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez, reflejando el avance de una agenda legislativa y social que busca visibilizar, sancionar y erradicar la violencia química contra mujeres y grupos vulnerables en el Estado de México.