Solo queremos restitución de los trabajadotes

*SME: 17 años de resistencia sindical; extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro exigen restitución laboral y justicia social Por Angélica Telles Rojas A 17 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, trabajadores en resistencia, jubilados y organizaciones vinculadas al sector eléctrico mantienen su exigencia de restitución laboral, reconocimiento de sus derechos y una respuesta política del Gobierno federal. Su lucha, marcada por procesos judiciales, movilización social y proyectos de economía cooperativa, representa uno de los conflictos laborales más prolongados y emblemáticos del sector eléctrico mexicano. En conferencia de prensa, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) expusieron los principales acontecimientos de su movimiento, las afectaciones que aseguran haber sufrido desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), así como sus demandas ante el actual Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Una extinción que transformó la vida de miles de familias La extinción de Luz y Fuerza del Centro, decretada el 11 de octubre de 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, provocó la salida de miles de trabajadores de una empresa pública encargada de prestar el servicio eléctrico en la zona central del país. La decisión representó un parteaguas para el SME y para las familias que dependían de la actividad laboral de la compañía. De acuerdo con los representantes sindicales, el universo de trabajadores afectados ascendía a aproximadamente 44 mil, mientras que alrededor de 16 mil 500 permanecieron en resistencia y continuaron organizados en torno a la defensa de sus derechos laborales y sindicales. Estas cifras corresponden a los datos expuestos por los participantes y requieren precisarse según la categoría de trabajadores, jubilados y personas que continuaron en el movimiento. Para los integrantes del SME, la extinción no significó únicamente la pérdida del empleo, sino también la ruptura de trayectorias profesionales, la afectación de la seguridad social y la incertidumbre económica de miles de hogares. A ello se sumaron, según sus testimonios, las dificultades para reincorporarse al mercado laboral y el conflicto por el reconocimiento de los derechos adquiridos durante décadas de servicio. La vía jurídica y el giro hacia la resistencia política Los representantes sindicales recordaron que el movimiento recurrió a los tribunales para impugnar las consecuencias laborales de la extinción. Entre los antecedentes mencionaron una demanda presentada el 5 de junio de 2010, una resolución favorable del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y la posterior intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo el asunto y terminó resolviéndolo en contra de sus pretensiones, según la cronología expuesta en la conferencia. Ante el cierre de esa vía, el 4 de abril de 2013 una asamblea acordó continuar la lucha mediante la organización política, sindical y social. Esta decisión marcó una nueva etapa para el SME, que buscó sostener la unidad de sus integrantes, mantener visible el conflicto y explorar alternativas económicas para preservar su experiencia técnica. La resistencia dejó de depender exclusivamente de la expectativa de una resolución judicial y comenzó a apoyarse también en proyectos productivos, movilización pública, negociación política y organización colectiva. La experiencia eléctrica como patrimonio social Uno de los argumentos centrales de los trabajadores es que la extinción de LyFC no eliminó la capacidad técnica de quienes operaban sus instalaciones. Por el contrario, sostienen que la experiencia acumulada por electricistas, técnicos e ingenieros constituye un patrimonio laboral que podría contribuir al funcionamiento eficiente del sistema eléctrico nacional. Durante la conferencia, los participantes señalaron que, después de la entrega de herramientas y equipos en años posteriores a la extinción, se registraron problemas de operación y deterioro de instalaciones. También afirmaron que los trabajadores del sector habían mantenido en funcionamiento más de ocho plantas, cuya capacidad y situación actual deben precisarse mediante información técnica verificable. En este contexto, denunciaron que el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) ocupa espacios laborales que, a juicio del SME, deberían corresponder a los antiguos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Esta disputa trasciende el reparto de puestos de trabajo: involucra el reconocimiento de la experiencia profesional, la continuidad de los derechos sindicales y la definición de quiénes deben participar en las actividades de generación, mantenimiento y distribución eléctrica en la región central del país. Fénix y la cooperativa: una alternativa de emprendimiento social Frente a la pérdida del empleo tradicional, los integrantes del SME impulsaron alternativas de organización económica para recuperar parte de su actividad productiva. Entre ellas destaca el proyecto vinculado con Generadora Fénix y la Cooperativa LF del Centro, iniciativas que buscan aprovechar los conocimientos de los trabajadores y abrir espacios de participación económica. Según lo expuesto en la conferencia, durante 2024 se presentó una propuesta laboral que permitió avanzar en la ocupación de una planta de ciclo combinado, con una inversión referida por los participantes de 300 millones de pesos. La cifra, así como las condiciones de inversión y operación, requiere documentación adicional para establecer su alcance. Los representantes indicaron que alrededor de 500 trabajadores están vinculados con Fénix y otros 500 con la cooperativa, y que su participación conjunta equivale al 49 por ciento de la empresa. Estos datos deberán contrastarse con la estructura accionaria y los registros laborales correspondientes. El proyecto representa un caso relevante de emprendimiento social: trabajadores que, ante la pérdida de su fuente tradicional de ingresos, buscan reconstruir oportunidades mediante la organización colectiva, la participación en actividades productivas y el aprovechamiento de capacidades técnicas especializadas. Sin embargo, los sindicalistas sostienen que este esfuerzo no ha resuelto el problema de fondo. Señalan que la participación económica no ha significado la recuperación plena de los derechos laborales que tenían en LyFC y denuncian que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo trabajadores que quedaron sin la seguridad social que esperaban conservar. Esta afirmación requiere precisar los casos, las condiciones contractuales y las responsabilidades institucionales correspondientes. Por ello, consideran indispensable que el Gobierno federal revise las condiciones laborales y societarias bajo las cuales operan estos proyectos y establezca mecanismos para garantizar seguridad social, estabilidad económica y participación efectiva de los trabajadores. La exigencia ante el Gobierno de Claudia Sheinbaum En la nueva etapa política, el SME demanda una respuesta del Gobierno federal que, en palabras de sus integrantes, esté acompañada de voluntad política para atender el conflicto laboral. La petición central es la restitución laboral y la apertura de una ruta institucional que permita revisar la situación de los trabajadores que continúan en resistencia, así como las condiciones de quienes fueron incorporados a proyectos productivos alternativos. Los participantes mencionaron que en Toluca existe un universo de aproximadamente 1,200 trabajadores, de los cuales alrededor de 800 serían parte de la población cuya situación laboral requiere atención. Para dimensionar correctamente esta demanda, será necesario precisar si las cifras corresponden a trabajadores activos en resistencia, extrabajadores, integrantes de la cooperativa o personas que solicitan reincorporación. El reclamo coloca al Gobierno federal ante una discusión que combina justicia laboral, política energética y responsabilidad social: determinar qué mecanismos pueden atender las consecuencias de una decisión tomada hace 17 años, sin desconocer los derechos de los trabajadores ni la situación jurídica actual de las empresas involucradas. Los jubilados, una parte fundamental de la resistencia Los jubilados ocupan un lugar central en la memoria y la continuidad del movimiento. Los representantes sindicales destacaron que su participación ha sido fundamental para sostener la organización, transmitir la experiencia histórica y mantener vivo el reclamo colectivo. Su papel demuestra que el conflicto no se limita a quienes buscan reincorporarse al empleo. También involucra a generaciones de trabajadores que construyeron su vida profesional alrededor de LyFC y que consideran que la defensa de sus derechos forma parte de una responsabilidad colectiva. En el plano social, la pérdida de empleo y la incertidumbre sobre las prestaciones repercuten en la economía familiar, el acceso a servicios de salud y la estabilidad de los hogares. La situación de los jubilados también plantea interrogantes sobre la protección de los derechos adquiridos y el reconocimiento de las aportaciones realizadas durante años de trabajo. Diferencias internas y defensa de la identidad sindical Durante la conferencia también se abordaron las diferencias surgidas dentro del movimiento. Los participantes hicieron referencia a la acción de ingresar a Los Pinos y cuestionaron a quienes, según su versión, recibieron recursos económicos y posteriormente dejaron de formar parte del SME. Los representantes calificaron a esas personas como oportunistas y sostuvieron que sus decisiones no deben confundirse con las del conjunto de trabajadores que permanecieron en resistencia. Al tratarse de señalamientos sobre conductas individuales y posibles diferencias internas, es importante distinguir entre la postura expresada por la dirigencia y los hechos que puedan acreditarse documentalmente. La controversia evidencia las tensiones que pueden surgir en movimientos laborales de larga duración, especialmente cuando existen distintas estrategias frente a las indemnizaciones, la reincorporación laboral, la participación en empresas y la continuidad de la organización sindical. Una disputa que también es política y social La historia del SME está ligada a las transformaciones de la política energética mexicana y al debate sobre el papel del Estado en la prestación de servicios públicos. Para los trabajadores, la extinción de LyFC significó la pérdida de una fuente de empleo y de una estructura productiva con experiencia especializada; para el debate público, constituye un antecedente de las consecuencias sociales que pueden acompañar las decisiones de reorganización del sector eléctrico. La resistencia también plantea una pregunta sobre el emprendimiento social: ¿pueden las cooperativas y las empresas con participación de los trabajadores convertirse en una vía de recuperación económica cuando desaparece una fuente tradicional de empleo? La experiencia del SME muestra tanto las posibilidades como las limitaciones de esa alternativa. La organización colectiva permite conservar conocimientos, generar actividad económica y construir nuevas formas de participación; sin embargo, no sustituye automáticamente los derechos laborales, la seguridad social ni la certidumbre jurídica que los trabajadores reclaman. En ese sentido, una solución duradera requeriría diálogo entre el Gobierno federal, las organizaciones sindicales, las empresas involucradas y las instancias laborales competentes, además de información transparente sobre las condiciones de contratación, la participación accionaria y la situación de los proyectos productivos. Una demanda de justicia laboral que permanece abierta A 17 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el SME sostiene que su lucha continúa y que la experiencia de sus trabajadores debe reconocerse como parte de la capacidad productiva del país. Su demanda ante el Gobierno de Claudia Sheinbaum no se limita a recuperar puestos de trabajo. También busca una respuesta a las afectaciones económicas y sociales acumuladas, el reconocimiento de la trayectoria sindical, la protección de la seguridad social y la posibilidad de que los proyectos productivos vinculados con los electricistas se traduzcan en empleos dignos y estables. La resistencia de los trabajadores, el papel de los jubilados y los esfuerzos de organización cooperativa mantienen vigente un conflicto que reúne memoria histórica, derechos laborales y política energética. La pregunta de fondo es si el Estado mexicano abrirá una vía de diálogo y solución que permita atender las demandas pendientes y reconocer la aportación de quienes, después de la extinción de LyFC, decidieron permanecer organizados para defender su trabajo, su identidad sindical y el futuro de sus familias. La restitución laboral, la seguridad social y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores siguen siendo los principales puntos de una demanda que, para el SME, continúa sin una solución definitiva. Corrige la referencia temporal de 17 años Aclara cifras y categorías de trabajadores Equilibra señalamientos sobre SUTERM y oportunistas