Sin protocolo para retirar alertas de género: persiste deuda estructural en Toluca

En medio de un discurso oficial que destaca la disminución de los feminicidios en el Estado de México, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno. En la Toluqueña, reconoció que no existe un protocolo para retirar las Alertas de Violencia de Género que actualmente siguen activas en el municipio. Toluca mantiene dos alertas: una por violencia feminicida y otra por desaparición de mujeres, niñas y niños. Estas medidas no son concesiones institucionales, sino el resultado de la lucha sostenida de colectivas feministas y familias que han denunciado la violencia estructural, la impunidad y la omisión del Estado. Aunque el alcalde sostiene que los feminicidios han ido a la baja, también admite que no hay prisa por retirar dichas alertas. Una de las razones es que su permanencia implica la asignación de recursos federales; de desaparecer, estos apoyos también se extinguirían. Este reconocimiento abre un debate incómodo: ¿la permanencia de las alertas responde a una estrategia real de protección o a una lógica administrativa y presupuestal? Desde una perspectiva feminista, reducir la discusión a cifras invisibiliza otras violencias que siguen atravesando la vida de mujeres, niñas y niños: desapariciones, agresiones sexuales, violencia doméstica y un acceso limitado a la justicia. La baja en feminicidios no significa que las condiciones estructurales hayan cambiado. Más grave aún es la inexistencia de un mecanismo claro para levantar las alertas. Esta omisión evidencia una falla institucional profunda y coloca en el centro la responsabilidad del Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de los órganos que integran el sistema de alertas, quienes han sido omisos en legislar y establecer criterios transparentes, medibles y con enfoque de derechos humanos para su eventual retiro. La falta de este protocolo no solo genera incertidumbre institucional, sino que también refleja la ausencia de una política integral que garantice una vida libre de violencias. Mientras no existan condiciones reales de seguridad, justicia y reparación, hablar de retirar alertas resulta prematuro. El llamado es claro: no basta con administrar la violencia ni con celebrar su aparente disminución. Es urgente que las instancias responsables legislen y definan un protocolo público, riguroso y con perspectiva feminista para evaluar tanto la permanencia como el retiro de las alertas, colocando en el centro la vida y la dignidad de las mujeres.