Pueblos indígenas: una memoria que no puede quedarse en el discurso

Por: Angélica Telles Rojas Cada 9 de agosto, el mundo vuelve la mirada hacia los pueblos indígenas. Se habla de identidad, de lenguas originarias, de tradiciones, de artesanías y de la riqueza cultural que representan. Pero detrás de las ceremonias y los discursos existe una pregunta mucho más profunda: ¿qué tanto ha cambiado la realidad de los pueblos indígenas y qué lugar ocupan realmente en el futuro de México? El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no nació como una simple fecha festiva. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como fecha de conmemoración en 1994, en referencia a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, realizada en 1982. El propósito ha sido llamar la atención sobre los derechos, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos originarios. En México, esta discusión tiene una dimensión histórica particular. Los pueblos indígenas no son una población que apareció después de la construcción del Estado mexicano: sus raíces son anteriores a la Conquista y sobrevivieron a la colonización, a la formación del país independiente y a los distintos proyectos de nación. En el Estado de México, esa historia permanece viva en los pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, reconocidos por la legislación estatal. Sin embargo, reconocerlos no siempre significa escucharlos. Del reconocimiento a la política comunitaria Durante décadas, la política hacia los pueblos indígenas estuvo marcada por una lógica asistencialista: el Estado llegaba a las comunidades con programas diseñados desde los escritorios de las instituciones. El reto actual es diferente: pasar de una política para los pueblos indígenas a una política con los pueblos indígenas. Ese cambio implica reconocer a las comunidades como sujetos con capacidad de decisión, organización y administración de recursos. En el Estado de México ya existen señales de esa transformación. En mayo de 2026, el Gobierno federal informó la entrega directa de recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Para este ejercicio se anunció una asignación de 881.32 millones de pesos para 601 comunidades y localidades indígenas mexiquenses, pertenecientes a los pueblos otomí, mazahua, nahua, matlatzinca y tlahuica. Un mes después, en territorio mazahua, se entregaron tarjetas para el ejercicio de estos recursos, bajo el argumento de construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios. La medida puede representar un cambio importante si los recursos efectivamente fortalecen la capacidad de las comunidades para decidir qué necesitan: agua, caminos, infraestructura, educación, salud, proyectos productivos o recuperación de espacios comunitarios. Pero también hay una advertencia: el dinero no sustituye la autonomía. Una política comunitaria no puede reducirse a entregar recursos. Debe garantizar participación, transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, que sean las propias comunidades las que definan sus prioridades. El Estado de México: entre la riqueza cultural y los pendientes El Estado de México es un territorio particularmente importante para esta discusión. Sus pueblos originarios han contribuido a la construcción histórica, social y cultural de la entidad, y sus lenguas, fiestas, sistemas de organización, conocimientos agrícolas, artesanías y formas de relación con el territorio siguen formando parte de la vida mexiquense. También existen esfuerzos institucionales para preservar ese patrimonio. En 2026, por ejemplo, el Gobierno estatal mantiene programas como Niñez Indígena con Bienestar, Desarrollo Indígena con Bienestar y Bienestar Cultural Indígena, dirigidos a alimentación, proyectos productivos y preservación de manifestaciones culturales. Y hay un dato que merece atención: este año se impulsó el certamen estatal de literatura Raíces Vivas, destinado a promover las lenguas otomí, mazahua, matlatzinca, tlahuica y nahua. Es decir, hay políticas y programas. Pero el verdadero indicador de éxito no debería ser cuántos eventos se realizan o cuántos apoyos se entregan, sino si dentro de diez o veinte años habrá más niñas, niños y jóvenes hablando sus lenguas originarias, permaneciendo en sus comunidades por decisión propia, accediendo a educación de calidad y participando en las decisiones públicas sin tener que renunciar a su identidad. ¿Y hubo conmemoración? Sí, pero la pregunta es qué queda después El 9 de agosto no pasó inadvertido. En el Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas contempla la conmemoración mediante actividades culturales y reconocimientos a representantes indígenas en Santiago Tianguistenco. La propia institución señala que estas acciones buscan difundir las manifestaciones culturales de los pueblos originarios. Además, la conmemoración tiene antecedentes recientes en la entidad: el propio CEDIPIEM reportó que en 2025 se realizó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Santiago Tianguistenco. La celebración, por supuesto, es necesaria. Las comunidades tienen derecho a mostrar su música, sus danzas, su vestimenta, sus lenguas y su cosmovisión. Pero una conmemoración pierde sentido cuando la cultura solamente aparece en el escenario y desaparece de la toma de decisiones. No basta con escuchar una lengua indígena en una ceremonia; hay que garantizar que pueda utilizarse en una escuela, en un hospital, en una oficina pública y ante un tribunal. No basta con reconocer una artesanía; hay que garantizar condiciones dignas para quien la produce. No basta con fotografiar una danza tradicional; hay que preservar el territorio, los conocimientos y las condiciones sociales que permiten que esa danza siga existiendo. El futuro no puede ser solamente preservar el pasado El futuro de los pueblos indígenas no debe plantearse como una batalla entre tradición y modernidad. La verdadera discusión es si México será capaz de construir una modernidad donde quepan las lenguas originarias, los sistemas comunitarios, la identidad y la autonomía. Para el Estado de México, eso significa enfrentar retos concretos: la pérdida de hablantes de lenguas originarias, la migración, la desigualdad, el acceso a servicios públicos, la educación intercultural, la participación política y la protección del territorio. También significa mirar a las nuevas generaciones. Un joven mazahua u otomí no debería tener que escoger entre conservar su identidad y aspirar a una vida con oportunidades. Puede estudiar una carrera, utilizar tecnología, emprender, participar en política y vivir en una ciudad sin dejar de hablar su lengua ni sentirse orgulloso de su origen. Ese quizá sea el verdadero desafío de las próximas décadas: que ser indígena deje de ser visto como una condición que limita oportunidades y se convierta en una identidad plenamente compatible con el desarrollo, los derechos y la participación política. El futuro de los pueblos originarios no puede depender únicamente de los gobiernos. También requiere comunidades organizadas, jóvenes involucrados, mujeres con mayor participación en las decisiones, educación intercultural y una sociedad que deje de mirar las culturas indígenas como una pieza del pasado. Mazahuas y otomíes: la memoria que sigue hablando Y si el Estado de México tiene un rostro indígena que difícilmente puede ignorarse, ese rostro se encuentra en sus pueblos mazahua y otomí. Los mazahuas constituyen el pueblo indígena originario más numeroso de la entidad y tienen una presencia particularmente importante en municipios como San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Atlacomulco. Su historia, su lengua y sus formas comunitarias forman parte inseparable de la identidad mexiquense. Los otomíes, por su parte, mantienen una presencia histórica y cultural fundamental en distintas regiones del estado. Ambos pueblos han resistido siglos de transformaciones y continúan enfrentando los desafíos de un mundo que cambia rápidamente. Por eso, hablar de los pueblos indígenas el 9 de agosto no debería ser solamente recordar quiénes fueron. Debería ser preguntarnos qué país queremos construir con ellos. Porque los mazahuas y los otomíes no son una postal del pasado. Son parte del presente. Y, si las políticas públicas dejan de mirar únicamente hacia la conmemoración y comienzan a mirar hacia la autonomía, la educación, la lengua, el territorio y la participación comunitaria, también pueden ser una parte fundamental del futuro del Estado de México. La mejor manera de conmemorar a los pueblos indígenas no es hablar por ellos, sino garantizar que tengan las condiciones para hablar, decidir y construir su propio futuro.