Proponen rango constitucional para la Sala de Asuntos Indígenas

Toluca, Méx.– Con el propósito de fortalecer el marco jurídico y garantizar la promoción, protección y respeto de los derechos de las comunidades y pueblos originarios, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) propuso establecer en la Constitución Política del Estado de México que la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial mexiquense forme parte de su estructura orgánica. La iniciativa, presentada ante el Pleno de la LXII Legislatura, aunque con dispensa de lectura, busca reconocer de manera formal el funcionamiento de esta sala especializada dentro del Tribunal Superior de Justicia, a fin de dotarla de rango constitucional y consolidar su papel en la impartición de justicia con perspectiva intercultural. El documento plantea que el Poder Judicial estará integrado por un órgano colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, conformado por el Pleno, la Sala Constitucional, la Sala de Asuntos Indígenas, las Salas Colegiadas y las Salas Unitarias Regionales. Entre las atribuciones de la Sala de Asuntos Indígenas se encuentra la de conocer los recursos ordinarios interpuestos contra resoluciones judiciales en las que alguna de las partes pertenezca a un pueblo o comunidad indígena y se aborden temas vinculados con la tutela de los derechos humanos. Asimismo, la Sala podrá emitir opiniones consultivas en asuntos relacionados con la aplicación de los sistemas normativos de los pueblos originarios, verificando que los procedimientos respeten los principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, la estatal y los tratados internacionales firmados por México. De igual manera, se contempla que la Sala tenga la facultad de proponer protocolos de actuación al Órgano de Administración Judicial para fortalecer el juzgamiento con perspectiva intercultural, así como conocer y resolver las causas derivadas del incumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Otra de sus funciones será resolver inconformidades relacionadas con el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y en las constituciones federal y estatal. Para ello, la Sala podrá recabar las pruebas que considere necesarias para garantizar la legalidad y la justicia en los procesos. El GPMC recordó que la Sala de Asuntos Indígenas fue instalada oficialmente el 30 de marzo de 2023, en cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que la propuesta busca armonizar la norma constitucional con la legislación secundaria vigente. De acuerdo con cifras del propio Poder Judicial, en 2024 la Sala radicó 26 expedientes en materia penal y uno en materia civil, además de emitir una opinión consultiva. En ese mismo periodo resolvió 27 sentencias, de las cuales dos fueron revocadas, siete confirmadas, ocho modificadas y en diez se ordenó la reposición del procedimiento por no haberse contado con traductores durante el juicio. Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, la inclusión de sus sistemas normativos y el fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva intercultural, plural y de derechos humanos.