PRI propone crear el Instituto Mexiquense de Servicios Periciales para fortalecer el acceso a la justicia

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para crear el Instituto Mexiquense de Servicios Periciales, un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que, de aprobarse, ofrecería dictámenes periciales gratuitos, imparciales y técnicamente sólidos a las y los ciudadanos. Durante la presentación, la diputada Mercedes Colín explicó que el nuevo instituto tendría autonomía técnica y científica, lo que permitiría que los peritajes se elaboren sin influencia de las partes procesales ni de las instituciones que hoy concentran estas funciones. > “La creación de este instituto representa un avance significativo en materia de acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos en el Estado de México… constituye un instrumento clave para garantizar derechos fundamentales, elevar la calidad de justicia y dar confianza a la sociedad”, afirmó la legisladora. Contexto político La propuesta se inserta en un momento en el que diversos grupos legislativos y organizaciones civiles han señalado la necesidad de desconcentrar los servicios periciales, actualmente bajo responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Poder Judicial. Para el PRI, dicha concentración genera desigualdad entre víctimas, defensores y colectivos, especialmente cuando los peritajes privados resultan inaccesibles por su alto costo. En el contexto político mexiquense, la iniciativa también forma parte de la estrategia del PRI para posicionarse en la agenda de seguridad y justicia, terreno en el que la competencia con otras fuerzas políticas —particularmente Morena, que encabeza el gobierno estatal— se ha intensificado durante la actual legislatura. Implicaciones de la iniciativa Según Colín, el nuevo instituto permitiría: Garantizar igualdad procesal entre las partes. Facilitar el acceso a peritajes gratuitos, en especial para sectores vulnerables. Fortalecer la defensa y la búsqueda de personas desaparecidas. Incrementar la confianza ciudadana en los procesos judiciales. Combatir la impunidad al contar con dictámenes independientes. La diputada señaló que la intención no es debilitar a la Fiscalía ni al Poder Judicial, sino generar un modelo más ágil y eficiente, alineado —afirmó— con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. La propuesta forma parte de la Agenda Legislativa de Seguridad que impulsa el PRI en el actual periodo de sesiones y se anticipa que su discusión abrirá un nuevo debate entre las fuerzas políticas del Congreso mexiquense sobre el alcance y la autonomía que debería tener este tipo de institutos.