PRI critica “Plan B” electoral y advierte riesgo de concentración de poder

En el contexto de la discusión de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, conocida como “Plan B”, voces de oposición como la de Cristina Ruiz, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, han señalado que esta iniciativa forma parte de una estrategia política orientada a concentrar poder y debilitar la equidad democrática. El llamado “Plan B” surge tras el fracaso de una reforma constitucional previa, y plantea modificaciones legales para reducir gastos en el sistema electoral, incluyendo recortes a estructuras como el Instituto Nacional Electoral y ajustes en cargos locales como regidores y síndicos. � El País Sin embargo, desde la oposición se sostiene que estas medidas no representan una verdadera austeridad del gobierno federal, sino una reconfiguración institucional que podría afectar los contrapesos democráticos. Cristina Ruiz y otros actores del PRI han advertido que el discurso oficial reproduce una narrativa política que —afirman— ya se ha utilizado en el pasado: presentar reformas como mecanismos de ahorro o democratización, cuando en realidad podrían generar ventajas indebidas para el partido en el poder, Morena. Entre las principales críticas destacan: Falta de “piso parejo” electoral: Se cuestiona la posible reducción de tiempos de campaña (hasta 60 días), lo que, según la oposición, favorecería a quienes ya cuentan con exposición desde el gobierno. Uso de recursos públicos con fines políticos: Se advierte que la flexibilización de reglas podría permitir promoción anticipada desde el poder. Debilitamiento de organismos autónomos: Especialmente del INE, mediante recortes salariales, administrativos y operativos. Reducción de representación política local: Con la disminución de regidores y síndicos, lo que podría impactar la pluralidad en municipios. Además, críticos han comparado este tipo de reformas con modelos políticos en América Latina que buscan perpetuarse en el poder mediante cambios graduales al sistema electoral, aunque estas afirmaciones forman parte del debate político y no constituyen hechos comprobados en sí mismos. Por su parte, el gobierno federal y sus aliados sostienen que el “Plan B” busca reducir privilegios, disminuir costos del sistema político y hacer más eficiente la democracia, en línea con una política de austeridad. El debate continúa en el Congreso, donde la aprobación depende de acuerdos entre fuerzas políticas, en un escenario marcado por tensiones entre oficialismo y oposición de cara a futuros procesos electorales.