Pagos digitales: la iniciativa que busca reducir el uso de efectivo abre un debate económico y ciudadano

Por Angélica Telles Rojas Ciudad de México.— La discusión sobre el futuro del dinero en efectivo en México tomó una nueva dimensión con la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por el Ejecutivo Federal dentro del Paquete Económico 2027. La iniciativa busca ampliar el uso de tarjetas, transferencias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios electrónicos, bajo el argumento de que México ya cuenta con infraestructura financiera suficiente, pero persiste una importante dependencia del efectivo. El proyecto también plantea facilitar la contratación de servicios financieros mediante herramientas como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano. Uno de los puntos que mayor atención ha generado es la facultad que se propone otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago. El proyecto establece plazos relativamente cortos para esa transición. En caso de aprobarse en sus términos, Hacienda tendría 15 días hábiles después de la publicación de la ley para determinar los sectores correspondientes, mientras que las autoridades competentes contarían con otros 15 días hábiles para establecer las condiciones y reglas de operación. Esto significa que no se trata, al menos en el texto actual, de una desaparición inmediata del efectivo para todas las operaciones del país. La iniciativa contempla que determinados sectores puedan pasar a un esquema de pago exclusivamente electrónico y establece que, ante una contingencia que impida utilizar estos medios, pueda recurrirse al efectivo o al cheque. Una transformación con efectos económicos Desde la perspectiva económica, el Gobierno Federal plantea que la digitalización puede hacer más eficientes y seguros los pagos, generar registros electrónicos de las operaciones y favorecer la inclusión financiera y la formalización de pequeños negocios. La iniciativa también relaciona el historial de transacciones con la posibilidad de facilitar posteriormente el acceso a productos financieros y crédito formal. El debate, sin embargo, trasciende la tecnología. La incorporación obligatoria de medios electrónicos implica que comercios y prestadores de servicios cuenten con terminales, sistemas de cobro, conectividad y acceso al sistema financiero. Para los pequeños establecimientos, estos elementos pueden representar costos y requerimientos operativos adicionales. La propia propuesta contempla que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar infraestructura para recibir pagos digitales y electrónicos. También plantea acciones de conectividad para facilitar el acceso de la población a estos mecanismos. El ciudadano frente a la transición Para la ciudadanía, el cambio puede significar mayor rapidez y comodidad para realizar determinados pagos, pero también plantea una pregunta central: ¿qué ocurre con las personas que actualmente dependen del efectivo? La transición requiere considerar diferencias en acceso a cuentas bancarias, tarjetas, teléfonos inteligentes, internet y otros servicios financieros. Por ello, la propia iniciativa incorpora la inclusión financiera como uno de sus objetivos y contempla medidas para ampliar el acceso a los medios digitales. La discusión legislativa también ha puesto sobre la mesa la necesidad de definir con claridad qué actividades podrían quedar sujetas al pago exclusivamente electrónico y bajo qué criterios. En la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el dictamen avanzó el 1 de octubre, legisladores de oposición expresaron preocupación por la amplitud de la facultad que se otorgaría a Hacienda y por sus posibles efectos sobre consumidores y pequeños comercios. El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, explicó que la propuesta parte de una realidad: aunque existen herramientas como SPEI, CoDi y aplicaciones financieras, una parte importante de las operaciones económicas continúa realizándose en efectivo. La comisión aprobó el proyecto y lo remitió a la Mesa Directiva para su eventual discusión en el Pleno. Más que dejar de usar billetes El proyecto plantea, en esencia, una transformación de la forma en que se realizan las operaciones económicas en México. No significa que el efectivo vaya a desaparecer de manera general e inmediata, pero sí abre la posibilidad de que determinadas actividades transiten hacia un modelo donde pagar electrónicamente sea obligatorio. El reto estará en la implementación. La digitalización puede ampliar las herramientas financieras y generar mayor trazabilidad de las operaciones, pero su aplicación también exige infraestructura, conectividad, alternativas para contingencias y condiciones que permitan que ningún sector de la población quede excluido por no contar con los medios tecnológicos necesarios. La iniciativa se encuentra todavía dentro del proceso legislativo. Por ello, los sectores que eventualmente podrían adoptar el pago exclusivamente electrónico, así como las reglas concretas y los plazos de aplicación, dependerán del texto que finalmente apruebe el Congreso y de las disposiciones posteriores de las autoridades. Con información del Senado.