Organizaciones denuncian abandono del Estado y exigen garantías para Misión Civil de Observación en Guerrero

. Diversas organizaciones sociales, colectivos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos y redes solidarias nacionales e internacionales denunciaron públicamente la falta de garantías de seguridad por parte del Estado mexicano para la Misión Civil de Observación que se dirige a la Montaña Baja de Guerrero, particularmente hacia la comunidad indígena de Alcozacán. La misión tiene como objetivo documentar y acompañar la grave situación que viven comunidades indígenas de la región, afectadas por ataques armados, desplazamiento forzado, presencia de grupos narco-paramilitares y violaciones sistemáticas a derechos humanos. De acuerdo con integrantes de la misión, autoridades federales habían asumido el compromiso de brindar acompañamiento institucional y medidas de protección durante el recorrido hacia Tlapa y las comunidades de la Montaña Baja. Sin embargo, el pasado 22 de mayo, cuando la caravana se encontraba próxima a arribar a la zona, se les notificó que no existiría ningún operativo de seguridad por parte del Estado. Las organizaciones denunciaron que esta omisión coloca en riesgo directo la integridad física y política de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, observadores nacionales e internacionales y acompañantes solidarios que participan en la misión. Un patrón de violencia y abandono institucional En el pronunciamiento, las organizaciones alertaron que la situación recuerda hechos graves ocurridos en el país, como la agresión contra la Caravana Humanitaria hacia San Juan Copala, Oaxaca, donde fueron asesinados la activista Bety Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Para las organizaciones firmantes, existe un patrón de actuación estatal marcado por promesas incumplidas, ausencia de protección efectiva y abandono de comunidades indígenas frente a la violencia armada. “El Estado conoce el riesgo, promete protección y después se retira. La omisión también mata”, señalaron en el comunicado. Asimismo, responsabilizaron al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión, amenaza o ataque que pueda sufrir la Misión Civil de Observación durante su ingreso, permanencia o salida de la región. Exigen protección inmediata para comunidades desplazadas Entre las principales demandas se encuentra la creación inmediata de rutas seguras para la misión, medidas cautelares para las comunidades desplazadas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, así como investigaciones sobre la operación de grupos armados en la región. También exigieron la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para documentar y dar seguimiento a la situación. Las organizaciones hicieron un llamado a pueblos indígenas, universidades, sindicatos, medios libres, periodistas, artistas y redes de solidaridad en México y el extranjero a mantenerse atentos, difundir la situación y ejercer presión pública para evitar una nueva tragedia. Solidaridad y memoria El pronunciamiento subraya que la memoria de Bety Cariño y Jyri Jaakkola representa una advertencia sobre las consecuencias de la impunidad y la falta de garantías para quienes acompañan procesos comunitarios y de defensa territorial. “La solidaridad no puede llegar tarde. La vida de nuestras compañeras y compañeros debe ser protegida ahora”, expresaron. El documento fue firmado por decenas de organizaciones sociales, indígenas, comunitarias y de derechos humanos de distintas regiones del país, entre ellas EDUCA, el Frente Popular Revolucionario (FPR), MAIZ, UCIZONI, radios comunitarias, colectivos de Veracruz, Oaxaca, Puebla y organizaciones internacionales solidarias.