Nombramientos reconfiguran el poder judicial y apuntalan la reforma en el PJEdomex

En un contexto de transformación del sistema de justicia y de alta expectativa pública frente a la reforma judicial, el Poder Judicial del Estado de México dio un paso político-institucional relevante al integrar un nuevo equipo directivo en áreas estratégicas, con el objetivo de consolidar gobernabilidad interna, recuperar legitimidad social y asegurar resultados medibles en la impartición de justicia. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, encabezó la toma de protesta de las y los nuevos titulares, en un acto que envía un mensaje claro: el PJEdomex busca fortalecerse desde su estructura administrativa para responder a la presión ciudadana, al escrutinio público y a los nuevos equilibrios de poder derivados de la reforma judicial. Desde el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, Macedo García reconoció que el Poder Judicial atraviesa una etapa de reconstrucción institucional que exige decisiones firmes y continuidad política. “Estamos en construcción. Apenas van cuatro meses y tenemos veinte meses más para sentar bases sólidas. No es un proyecto personal, es una responsabilidad histórica con más de 18 millones de mexiquenses”, afirmó, al subrayar que el tamaño y complejidad del Estado de México obligan a una conducción judicial con visión estratégica. El Magistrado Presidente destacó que la integración de perfiles con experiencia probada en justicia, finanzas públicas, derechos humanos, control interno e innovación tecnológica responde a la necesidad de alinear al Poder Judicial con una agenda de modernización, austeridad responsable y control institucional, en sintonía con el nuevo entorno político nacional. En su intervención, el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, colocó el acento en el desafío político que enfrenta el PJEdomex: cumplir con las expectativas generadas por la reforma judicial y demostrar, con resultados, que la autonomía judicial es compatible con rendición de cuentas. Señaló que el Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México 2025-2027 fija una hoja de ruta clara, pero advirtió que la confianza ciudadana solo podrá recuperarse si cada decisión administrativa se traduce en una justicia más cercana, transparente y ajena a prácticas de corrupción que históricamente han erosionado la credibilidad institucional. Durante el acto, al que asistieron integrantes del Órgano de Administración Judicial, se formalizó el relevo en áreas clave del aparato judicial, en una señal de reorganización interna y fortalecimiento del control político-administrativo del Poder Judicial. Entre los nombramientos destacan el de Italy Dessire Ciani Sotomayor como Directora General Jurídica y Consultiva, con experiencia en política criminal y atención a la violencia de género; Alejandro Habib Nicolás como Director General de Administración, con una trayectoria de más de tres décadas en justicia y derechos humanos; y Laura María de Jesús Urrutia Mercado al frente de Finanzas y Planeación, con experiencia en el manejo de recursos públicos a nivel estatal y federal. Asimismo, Cynthia Lilian Barrales Rodríguez asumió la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en un momento en el que la digitalización y el uso de inteligencia artificial se han convertido en ejes de disputa y modernización del sistema judicial; Jaime Santana Turral fue designado Contralor Interno, reforzando los mecanismos de vigilancia y disciplina institucional; y José Luis Embris Vásquez quedó al frente de la Escuela Judicial, instancia estratégica ante el nuevo esquema de evaluación de personas juzgadoras electas por voto popular. La designación de Rafael Ochoa Morales como Titular de la Unidad de Normatividad y Consulta Jurídica completa un bloque de perfiles con peso técnico y político, orientado a garantizar certidumbre jurídica y cohesión normativa dentro del Poder Judicial. Más allá de los relevos administrativos, los nombramientos representan una apuesta política por la estabilidad interna, el fortalecimiento de la autonomía judicial y la construcción de un Poder Judicial capaz de resistir presiones externas, responder al nuevo diseño constitucional y recuperar la confianza de la ciudadanía. Con este movimiento, el PJEdomex envía una señal al entorno político y social: la reforma judicial no será solo un cambio normativo, sino una reconfiguración real del poder, la gestión y la responsabilidad pública en la impartición de justicia.