Laguna de Ojuelos: responsabilidades diluidas, decisiones políticas y el costo ambiental de no actuar.

Por Angélica Telles Rojas La desaparición de la Laguna de Ojuelos no ocurrió en el vacío. Es el resultado de decisiones acumuladas a lo largo de distintos gobiernos, en los que autoridades municipales, estatales y federales coincidieron en un punto: ninguno logró —o priorizó— su protección efectiva. En el ámbito estatal, la responsabilidad recae en administraciones sucesivas del Gobierno del Estado de México, particularmente durante los periodos encabezados por Enrique Peña Nieto (2005–2011), Eruviel Ávila (2011–2017), Alfredo del Mazo Maza (2017–2023) y la actual administración de Delfina Gómez Álvarez. Durante estos años, el Valle de Toluca experimentó un crecimiento urbano acelerado. Sin embargo, no se consolidó una política integral para proteger cuerpos de agua periurbanos como Ojuelos. Aunque existieron programas ambientales, la laguna nunca fue blindada con un esquema sólido de conservación. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Zinacantepec —a través de distintas administraciones— tuvo un papel clave en la autorización de cambios de uso de suelo y expansión urbana. Estas decisiones impactaron directamente los escurrimientos naturales que alimentaban la laguna. Si bien cada administración operó bajo contextos distintos, el patrón se mantuvo: crecimiento urbano sin una estrategia hídrica integral. La falta de planeación permitió que vialidades, fraccionamientos y obras modificaran el flujo natural del agua sin medidas compensatorias efectivas. En el ámbito federal, instancias como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tuvieron responsabilidad en la supervisión del recurso hídrico y el control de descargas. La persistencia de contaminación en la laguna sugiere fallas en la vigilancia y aplicación de la normatividad ambiental. Aunque no existe una investigación pública que señale responsabilidades individuales directas, especialistas coinciden en que la omisión institucional es clara. La laguna mostró signos de deterioro durante años: reducción de nivel, contaminación y pérdida de biodiversidad. Ningún nivel de gobierno actuó con la anticipación necesaria para revertir el proceso. El argumento climático —la falta de lluvias— ha sido utilizado como explicación central. Sin embargo, este factor solo aceleró una tendencia que ya era visible. Para cuando llegaron las sequías más severas, la Laguna de Ojuelos ya había perdido gran parte de su capacidad de recuperación. El caso también expone tensiones políticas más amplias. Durante años, el Estado de México fue gobernado por administraciones del mismo grupo político, lo que, en teoría, habría facilitado la continuidad de proyectos de largo plazo. No obstante, esa continuidad no se tradujo en resultados en materia de protección ambiental. Hoy, bajo una nueva administración estatal, el discurso apunta a la recuperación. Sin embargo, el reto no es solo técnico, sino político: implica revisar decisiones pasadas, limitar intereses inmobiliarios y establecer responsabilidades donde antes no las hubo. Para las comunidades cercanas, los nombres cambian, pero el resultado es el mismo: la laguna desapareció. Y con ella, también se diluyó la posibilidad de exigir cuentas claras a un solo responsable. La historia de la Laguna de Ojuelos no señala a un culpable único, pero sí a una cadena de decisiones —y omisiones— en la que participaron distintos gobiernos. Una cadena que, hasta ahora, no ha sido completamente reconocida ni atendida. En el fondo, el caso deja una pregunta incómoda: si múltiples administraciones vieron el deterioro y ninguna actuó a tiempo, ¿la desaparición de la laguna fue realmente un accidente… o una consecuencia previsible?