La defensa del derecho a decidir en el 8M

por Ana Martha Sánchez En el marco del #8M, en Ipas LAC reiteramos la importancia de sensibilizar acerca del aborto seguro, para que sea abordado como un tema de salud, de autonomía, dignidad y de derechos humanos. Alzamos la voz para que ninguna niña, mujer o persona con capacidad de gestar sea obligada a ser madre. Forzar la maternidad es una forma de violencia. Bajo el lema “Hoy y siempre, juntas para adelante”, en el Día Internacional de la Mujer, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) se expresa una vez más a favor del aborto seguro, porque cuando a las mujeres y personas con capacidad de gestar se les niega la posibilidad de elegir sobre su propio cuerpo, también se les niegan sus derechos humanos; porque cuando se habla de derechos, se habla de vidas reales. En el contexto actual, a nivel regional, el avance en la despenalización del aborto debe reflejarse también en la erradicación del estigma y la discriminación hacia quienes ejercen este derecho y hacia quienes les acompañan, así como en la disponibilidad de opciones para hacer realidad este derecho. Por ello, la mejora de las políticas de salud sexual y reproductiva es una de las demandas más urgentes para visibilizar este 8M. “Eliminar el aborto del Código Penal no obliga a nadie a interrumpir un embarazo y es un paso necesario e importante en una sociedad democrática. Se trata del reconocimiento de los derechos de las demás personas, de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y de que se aseguren las mejores condiciones para que las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas gestantes no pongan en riesgo su vida al querer acceder a un aborto”, explica Mara Zaragoza, subdirectora de Fortalecimiento de Ipas LAC. El acceso al aborto seguro, para todas las personas que no desean o no pueden continuar un embarazo, representa un alto a la perpetuación de violencias machistas y patriarcales, al racismo, a la discriminación y a todas las estructuras que vulneran a las poblaciones más precarizadas, que son también quienes enfrentan más dificultades para acceder a un aborto seguro: personas migrantes y en otros contextos de movilidad, racializadas, infancias y juventudes, personas diversas con identidades y géneros disidentes, trabajadoras sexuales, entre otras. Este contexto de desigualdad se relaciona con la violencia estructural, un conjunto de opresiones que se generan desde las estructuras sociales (como la política, las leyes, la religión o las normas culturales contrarias a la libre elección), las cuales benefician a ciertos grupos sociales, mientras que representan desventajas para otros. Esto se ve reflejado en la violencia contra las mujeres y niñas, principalmente cuando viven en contextos de violencia extrema y limitaciones para el acceso a servicios y a la justicia. Esta violencia también limita sus posibilidades de decidir si desean un embarazo y cuándo lo quieren, así como la búsqueda de servicios de salud, lo cual impacta en su salud sexual, reproductiva, perinatal y materna. Existen estudios que prueban que las mujeres que sufren violencia de pareja presentan el doble de posibilidades de que el hombre se niegue a usar anticonceptivos y son dos veces más propensas a quedarse embarazadas sin haberlo planeado que quienes no viven violencia. Ipas LAC ha reportado cómo las adolescentes embarazadas, en comparación con quienes se embarazan después de los 20 años, tienen más probabilidad de no encontrar trabajo, no tener derechohabiencia y no recibir educación. El aborto seguro es un tema de derechos humanos y un servicio de salud reproductiva esencial que debe estar garantizado por los Estados, libre de criminalización penal y social.