Justicia para la Laguna de Zumpango: ciudadanos demandan a nueve autoridades por presunto ecocidio

En un hecho sin precedentes en la defensa ambiental del Valle de México, ciudadanos interpusieron el pasado 23 de abril de 2026 una demanda de amparo indirecto contra autoridades de los tres niveles de gobierno, acusándolas de omisión frente al deterioro del Parque Estatal “Santuario del Agua Laguna de Zumpango”. El recurso legal fue admitido el 27 de abril por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, bajo el expediente 786/2026-VII-B, y señala a nueve autoridades federales, estatales y municipales como responsables de no actuar ante actividades que podrían generar un daño ambiental irreversible en la zona. La demanda surge tras la denuncia de excavaciones masivas y la extracción industrial de material pétreo (tepetate) dentro del área natural protegida. De acuerdo con el promovente, un ciudadano originario de Tequixquiac, dichas actividades se estarían realizando sin las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y en violación directa al programa de manejo del parque. El documento también argumenta la vulneración de derechos humanos fundamentales, como el acceso a un medio ambiente sano, al agua y a la salud, en una región que abarca municipios como Zumpango, Tequixquiac, Huehuetoca y Tepotzotlán. Entre las autoridades señaladas a nivel federal se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En el ámbito estatal, la demanda incluye a la titular del Ejecutivo del Estado de México, así como a la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. A nivel municipal, se responsabiliza a la presidenta municipal de Tequixquiac, junto con las direcciones de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. “Nadie quiso actuar”, señala el texto de la demanda, evidenciando lo que los promoventes califican como una cadena de omisiones institucionales que ha permitido la degradación de un ecosistema estratégico para la recarga hídrica y el equilibrio ambiental de la región. El objetivo central del amparo es obligar a las autoridades a cumplir con su deber constitucional de prevenir daños ambientales, así como restaurar el equilibrio ecológico en la zona afectada. Finalmente, el promovente hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y organizada, subrayando que la defensa del territorio y los recursos naturales debe asumirse como una causa colectiva, más allá de intereses políticos o partidistas. De prosperar, este caso podría sentar un precedente relevante en la exigencia de responsabilidad ambiental y en el fortalecimiento de mecanismos legales para la protección de áreas naturales en el Estado de México.