Injusticias de género persisten en el debate de la reforma electoral mexicana

Guanajuato.– Mientras avanza la discusión sobre la reforma electoral en México, organizaciones feministas, académicas y especialistas en derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que las modificaciones podrían tener sobre niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito político. A pesar de la presencia del principio de paridad en la Constitución, analistas advierten que la propuesta legislativa deja áreas críticas sin atender, lo que podría profundizar desigualdades ya existentes. De acuerdo con expertas consultadas, la discusión pública ha invisibilizado de manera sistemática a niñas y adolescentes, quienes no solo representan el futuro electorado, sino también a las potenciales líderes que enfrentarán las consecuencias de un sistema político poco incluyente. La falta de programas de educación cívica con perspectiva de género y la ausencia de políticas que promuevan su participación temprana se consideran señales de un retroceso institucional. En el caso de las mujeres adultas, la preocupación se centra en que las modificaciones planteadas no fortalecen los mecanismos actuales contra la violencia política de género. Las organizaciones señalan que, en un contexto donde las candidatas continúan enfrentando amenazas, suplantaciones, exclusión de puestos estratégicos y limitaciones en financiamiento, cualquier debilitamiento a los organismos electorales podría traducirse en menos protección y menos vigilancia sobre el cumplimiento de la paridad. Un mensaje sociopolítico entre líneas Analistas señalan que más allá del contenido explícito de la reforma, existe un mensaje sociopolítico implícito: la igualdad de género no ocupa un lugar prioritario en la agenda de transformación del sistema electoral. Según especialistas en políticas públicas, la narrativa dominante coloca como tema central la eficiencia administrativa y la austeridad, relegando la discusión sobre derechos de las mujeres a un segundo plano. Este mensaje, afirman, perpetúa la idea de que la inclusión femenina en la política es una concesión y no una obligación democrática. Además, evidencian que los espacios de poder continúan estando configurados para beneficiar a élites tradicionalmente masculinas. La trampa de la meritocracia Otro punto que ha generado debate es la insistencia de algunos sectores políticos en afirmar que los cargos públicos deben obtenerse “por mérito” y no mediante medidas afirmativas. Especialistas en género consideran que esta narrativa desconoce los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres y favorece interpretaciones que justifican la exclusión bajo el argumento de la competencia individual. “La idea de mérito es una ilusión cuando no existen condiciones equitativas”, señalaron diversas organizaciones, destacando que la meritocracia sin perspectiva de género legitima privilegios históricos y desplaza la responsabilidad del Estado en garantizar participación efectiva. Un llamado a no retroceder Colectivas feministas han solicitado al Congreso incorporar en el debate una evaluación seria del impacto de género de cualquier reforma electoral. Advirtieron que sin este análisis, el país corre el riesgo de avanzar hacia un modelo que limite la participación política de mujeres y niñas, y que debilite logros alcanzados durante décadas de lucha. Mientras tanto, el proceso legislativo avanza y la presión social crece. Para especialistas, el reto inmediato es asegurar que las decisiones políticas no profundicen brechas históricas, sino que permitan construir un sistema electoral genuinamente democrático e inclusivo.