FAISPIAM 2025: ENTRE LA AUTONOMÍA INDÍGENA Y EL CONTROL POLÍTICO

Señalamientos contra Servidores de la Nación exhiben contradicciones estructurales en la operación del Fondo para Pueblos Originarios Uno de los aspectos más complejos y menos visibilizados durante la implementación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas (FAISPIAM) en su ejercicio 2025 fueron los señalamientos en contra de los denominados Servidores de la Nación. En diversas comunidades originarias se denunció que estos operadores gubernamentales asumieron funciones de control político, conducción de asambleas y toma de decisiones que correspondían exclusivamente a los integrantes de las comunidades indígenas. Aunque el diseño oficial del programa fue presentado como una estrategia para fortalecer la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios, en la práctica territorial comenzaron a evidenciarse contradicciones estructurales. Las deliberaciones comunitarias, lejos de desarrollarse con independencia, fueron delimitadas y dirigidas por personal vinculado a la estructura federal. La principal inconformidad se concentró en la intervención operativa de funcionarios durante las asambleas comunitarias. De acuerdo con testimonios recabados en distintas regiones del país, los Servidores de la Nación emitían convocatorias, coordinaban debates, validaban acuerdos y, en los casos más delicados, orientaban las votaciones hacia proyectos previamente definidos. Este mecanismo redujo la posibilidad de una discusión libre y auténtica basada en los usos y costumbres de cada comunidad. Habitantes de distintas localidades señalaron que las reuniones se percibían como procesos previamente configurados, donde existía presión institucional para aprobar con rapidez formatos y minutas elaboradas desde oficinas federales. La situación también generó tensiones con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. Existen reportes donde comisariados ejidales, consejos de ancianos y representantes comunales fueron desplazados de sus funciones por operadores gubernamentales que asumieron el control de las sesiones, regulando incluso el uso de la palabra y la validez de las actas. Para numerosas comunidades, esta dinámica fue interpretada como una invasión a su autonomía y un desconocimiento de sus estructuras organizativas históricas. La contradicción resulta evidente: políticas públicas que hablan de descentralización y autogobierno terminan ejecutándose mediante un aparato burocrático altamente centralizado. A las denuncias por sustitución de liderazgos se sumaron acusaciones de carácter político y clientelar relacionadas con el manejo de padrones y recursos del Fondo. Diversos señalamientos apuntan a que algunos operadores utilizaron el programa para promoción partidista y condicionamiento informal de obras públicas. Asimismo, la selección de proyectos prioritarios —como caminos, electrificación y redes de agua potable— habría estado influenciada por criterios de viabilidad política definidos por los propios funcionarios, privilegiando obras con mayor rentabilidad mediática o electoral. La complejidad técnica y administrativa del FAISPIAM también colocó a muchas comunidades en una situación de dependencia absoluta frente a los operadores federales. La falta de acompañamiento autónomo y la dificultad para comprender reglas de operación, formatos y procedimientos administrativos impidieron que numerosos pueblos pudieran ejercer plenamente el control de los recursos que les corresponden. A ello se suma un problema aún más profundo: la ausencia de mecanismos institucionales claros y accesibles para denunciar irregularidades. Beneficiarios del programa manifestaron temor a posibles represalias, como exclusión de futuros apoyos sociales o retrasos en la liberación de recursos presupuestales. De cara al ejercicio 2026, las áreas de oportunidad parecen concentrarse en limitar la participación de los Servidores de la Nación exclusivamente al acompañamiento técnico, fortalecer contralorías comunitarias independientes y establecer protocolos que respeten los tiempos, sistemas normativos y formas de organización interna de cada pueblo indígena. Sin embargo, en distintas regiones del país persiste un ambiente de incertidumbre. Las asambleas ya comenzaron, pero continúa siendo insuficiente la difusión del propio Fondo entre las comunidades, particularmente en lenguas originarias. La falta de promoción, información accesible y orientación adecuada provoca que gran parte de la población indígena desconozca incluso la existencia del FAISPIAM. En los hechos, parece confirmarse una vieja realidad: quien posee la información, posee también el poder. Aunque esta situación no exime a la ciudadanía de la responsabilidad de informarse, la crítica central radica en que no todas las personas cuentan con las mismas herramientas para acceder al conocimiento. El derecho humano a la información sigue sin alcanzar plenamente a los sectores históricamente marginados, alejando a comunidades enteras de programas federales que podrían impulsar su desarrollo. Y si además de esa desigualdad informativa se suman prácticas institucionales que ignoran o vulneran los sistemas normativos indígenas, el resultado es un modelo que continúa excluyendo a unos mientras privilegia a otros.