Edoméx abre el debate sobre la eutanasia: legisladores del PVEM impulsan el derecho a morir con dignidad

Angélica Telles Rojas En un país donde la muerte sigue siendo un tema cargado de tabúes, el Estado de México se coloca nuevamente en el centro del debate nacional. La diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para despenalizar la eutanasia, buscando que las personas con enfermedades terminales puedan decidir, de forma libre y acompañada, el momento de su partida. La propuesta, presentada ante la Cámara de Diputados, plantea reformar la Ley General de Salud para permitir la eutanasia siempre que se cumplan los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud federal. De aprobarse, México —y particularmente el Estado de México, donde ya existe legislación sobre la voluntad anticipada— se convertiría en una de las entidades pioneras en reconocer el derecho a morir con dignidad. Amplio respaldo social De acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, siete de cada diez mexicanos están a favor de permitir la eutanasia, y 73% considera necesario reformar las leyes para que las personas enfermas puedan recibir ayuda médica para terminar con su vida. El respaldo es más fuerte en zonas urbanas (75.6%) que en rurales (61.1%), lo que refleja una tendencia progresiva en el pensamiento social, especialmente en entidades metropolitanas como el Estado de México, donde la población enfrenta un sistema de salud saturado y costoso. En el contexto mexiquense, este debate cobra especial relevancia. El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) reportó que más de 15 mil pacientes al año son diagnosticados con enfermedades terminales, principalmente cáncer, insuficiencia renal y padecimientos degenerativos. Muchos de ellos atraviesan sus últimos meses con dolor crónico y deterioro físico severo, sin acceso a cuidados paliativos suficientes: solo uno de cada cuatro pacientes recibe atención especializada en control del dolor. “Regular la eutanasia no es promover la muerte, sino garantizar que quienes ya enfrentan el final de su vida puedan hacerlo con dignidad, sin sufrimiento y con acompañamiento médico y familiar”, expresó la diputada Pérez Correa. Edoméx: pionero en la voluntad anticipada El Estado de México fue una de las primeras 14 entidades del país en reconocer la voluntad anticipada, figura legal que permite a los pacientes decidir no recibir tratamientos que prolonguen artificialmente su vida cuando no hay posibilidad de recuperación. Desde su implementación en 2008, más de 4,000 mexiquenses han registrado su documento de voluntad anticipada, según datos de la Secretaría de Salud estatal. Sin embargo, esta figura tiene límites. “La voluntad anticipada regula lo que no queremos que se nos haga, pero no nos permite decidir activamente cuándo queremos dejar de sufrir. La eutanasia complementa y fortalece este derecho”, explicó la legisladora. Especialistas en bioética del Centro Universitario UAEMéx Tenancingo coinciden en que la eutanasia representaría “el siguiente paso en la humanización del sistema de salud”, pues permitiría al paciente, en conjunto con su médico, tomar decisiones informadas sobre el final de su vida, sin exponer al personal de salud a sanciones penales. Opinión dividida, pero tendencia creciente En el Edoméx, la opinión pública muestra un creciente apoyo al derecho a decidir sobre la propia muerte. De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la UAEMéx en 2023, 68% de los mexiquenses considera que una persona con una enfermedad incurable debería poder solicitar asistencia médica para morir. No obstante, el 28% se opone firmemente, principalmente por motivos religiosos o morales. La Iglesia católica mexiquense ha manifestado su desacuerdo con la propuesta. En un comunicado emitido por la Diócesis de Toluca, se señaló que “la vida es sagrada y debe protegerse hasta su término natural”, e hizo un llamado a fortalecer los cuidados paliativos en lugar de legalizar la eutanasia. Pese a ello, especialistas en salud pública destacan que el sistema estatal de cuidados paliativos solo cubre al 30% de los municipios, lo que deja a miles de familias sin alternativas reales para atender el sufrimiento de sus enfermos. Lecciones del extranjero La diputada Pérez Correa recordó que países como España, Bélgica, Países Bajos, Canadá y Colombia ya han reconocido la eutanasia como un derecho humano. En Colombia, el primer país de América Latina en legalizarla, se han realizado más de 400 procedimientos desde 2015, bajo supervisión médica y ética. Estas experiencias, sostuvo, muestran que la legalización no incrementa los casos, sino que ofrece certeza jurídica y humanidad a los procesos de final de vida. “Queremos un modelo similar al colombiano, con controles rigurosos y acompañamiento psicológico. La eutanasia no sustituye a los cuidados paliativos, los complementa”, precisó. Un debate que toca el corazón de las familias mexiquenses En el Estado de México, donde viven más de 17 millones de personas, los retos del sistema de salud y el envejecimiento poblacional hacen urgente abordar el tema. Según el INEGI, en 2024 el 12% de la población mexiquense tenía más de 60 años, y las enfermedades crónicas son ya la principal causa de muerte. El acceso a una muerte digna, plantean especialistas, podría ser un componente esencial de una política pública integral de salud y derechos humanos. La iniciativa del PVEM, aún en discusión, busca abrir un debate que trascienda lo legal y penetre en lo ético y humano. “La muerte digna no es un privilegio, es un derecho que debe garantizarse con respeto, compasión y responsabilidad”, concluyó la diputada Pérez Correa ante medios locales. Mientras tanto, en hospitales públicos y privados del Estado de México, miles de familias siguen enfrentando el dilema entre prolongar la vida o aliviar el dolor. El Congreso mexiquense podría, en los próximos meses, ser escenario de uno de los debates más profundos de esta década: ¿tiene cada persona el derecho de decidir cuándo y cómo morir?