EDITORIAL Cuando informar cuesta más que callar

Por Angélica Telles Rojas La inauguración de un espacio para periodistas en el Estado de México debería ser motivo de reconocimiento, pero también de reflexión. Porque detrás de una oficina, una sala de redacción o un lugar para reunirse existe una realidad que pocas veces se dice con claridad: la mayoría de los periodistas trabaja prácticamente por cuenta propia y con muy poco respaldo institucional. Mientras los gobiernos federal, estatal y, en algunos casos, municipales cuentan con estructuras, presupuestos, áreas de comunicación y recursos para difundir sus actividades, buena parte de quienes hacen posible que la sociedad conozca lo que ocurre en sus comunidades enfrenta una realidad muy distinta: salarios insuficientes, falta de seguridad social, ausencia de herramientas de trabajo, capacitación limitada y, para muchos, incertidumbre sobre cómo sostener económicamente su profesión. No se trata de pedir privilegios. Se trata de reconocer una labor que es indispensable para la democracia. El periodista no debe depender de la simpatía de un funcionario, de la voluntad de un ayuntamiento o de la cercanía con un partido político para poder trabajar. Mucho menos debería tener que elegir entre ejercer su oficio con libertad o conservar una fuente de ingreso. La organización de los periodistas cobra entonces una importancia fundamental. Cuando el gremio se reúne, crea espacios propios y establece mecanismos de colaboración, capacitación y protección, está haciendo algo que las instituciones no han resuelto de manera suficiente: construir desde abajo las condiciones para que informar sea una actividad digna y segura. Y aquí hay una responsabilidad que no puede eludirse. Los gobiernos hablan constantemente de transparencia, rendición de cuentas, libertad de expresión y derecho a la información. Pero esos principios pierden fuerza cuando quienes preguntan, investigan, documentan y difunden la realidad sobreviven en condiciones laborales precarias. El apoyo institucional tampoco debería reducirse a eventos, discursos o reconocimientos ocasionales. Se necesitan políticas públicas que contemplen al periodista como trabajador, como profesional y como parte fundamental del sistema democrático. Desde el ámbito federal hasta el estatal y municipal, existe una deuda con quienes todos los días recorren calles, comunidades, hospitales, tribunales, oficinas públicas y zonas de conflicto para llevar información a la sociedad. Y hay otra realidad que tampoco debe ignorarse: la publicidad oficial no puede convertirse en mecanismo de premio o castigo para los medios. El acceso a recursos públicos destinados a comunicación debe sujetarse a criterios transparentes, objetivos y verificables, porque cuando el dinero público condiciona la línea editorial, la libertad de expresión queda expuesta. Por eso, la organización de los periodistas mexiquenses representa una señal importante. No porque un espacio físico vaya a resolver por sí mismo décadas de problemas, sino porque demuestra que el gremio puede comenzar a construir sus propias herramientas. La verdadera fuerza estará en permanecer unidos, profesionalizarse, defenderse mutuamente y exigir a las instituciones lo que corresponde, sin convertirse en instrumento de ningún gobierno, partido o grupo de poder. El periodismo libre no debe pedir permiso para existir. Debe tener condiciones para trabajar, seguridad para informar y dignidad para vivir de su profesión. Porque una democracia que exige periodistas para presumir transparencia, pero los abandona cuando enfrentan dificultades económicas, laborales o de seguridad, tiene un problema que no puede esconder detrás de un comunicado. Organizarse no es confrontar al poder. Es recordar que la prensa también forma parte de la sociedad a la que el poder está obligado a rendir cuentas.