Editorial

Celulares en las escuelas: el aprendizaje debe estar primero Por Angélica Telles Rojas El celular forma parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes, pero su presencia en la escuela no puede estar por encima de la educación. En la educación básica, las instituciones tienen la responsabilidad de establecer reglas que protejan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los alumnos. El problema no se limita a la distracción. El uso inadecuado de estos dispositivos también puede afectar la calidad de las tareas, favorecer la dependencia de respuestas inmediatas y reducir el esfuerzo necesario para investigar, leer, escribir y resolver problemas. Copiar trabajos, recurrir indiscriminadamente a herramientas digitales o reproducir información sin comprenderla debilita habilidades que la escuela tiene la obligación de desarrollar. A esto se suma un problema social: el celular ha trasladado al entorno escolar conflictos que antes ocurrían fuera de las aulas. Fotografías y videos compartidos sin autorización, mensajes ofensivos, exclusión en grupos digitales y situaciones de ciberacoso pueden afectar la convivencia y el bienestar de los estudiantes. La escuela no puede permanecer indiferente ante estas conductas. Por ello, el uso recreativo del celular durante las clases debe estar prohibido y su utilización académica debe quedar bajo la dirección del docente. Esta regla no representa un rechazo a la tecnología; establece prioridades. Cuando una actividad educativa requiere un dispositivo, este debe utilizarse con un propósito concreto, durante el tiempo necesario y bajo normas previamente establecidas. La escuela también debe formar ciudadanos capaces de desenvolverse en una sociedad digital. Prohibir sin educar sería insuficiente. Los alumnos necesitan conocer los riesgos de compartir información personal, verificar las fuentes que consultan, respetar la privacidad de otras personas y comprender que sus acciones en internet tienen consecuencias reales. La responsabilidad tampoco corresponde únicamente a los docentes. Las familias deben establecer límites en casa, supervisar el uso de redes sociales y acompañar a sus hijos en la construcción de hábitos digitales saludables. Las escuelas, por su parte, necesitan reglas institucionales claras, procedimientos ante situaciones de abuso y criterios comunes para todos los estudiantes. También debe considerarse la desigualdad tecnológica. No todos los alumnos tienen el mismo acceso a teléfonos, internet o aplicaciones. Por ello, ninguna actividad esencial de aprendizaje debe depender de que un estudiante posea un dispositivo propio. La educación no puede convertir una diferencia económica en una desventaja académica. El celular tampoco debe convertirse en una barrera para la convivencia. La escuela es uno de los principales espacios donde niños y adolescentes aprenden a trabajar con otros, resolver conflictos, escuchar diferentes opiniones y construir relaciones respetuosas. Esas experiencias requieren interacción humana y no pueden sustituirse por una pantalla. Por estas razones, la discusión no debe plantearse como una guerra entre tecnología y educación. La tecnología tiene un lugar en la escuela, pero ese lugar debe estar definido por objetivos pedagógicos. El dispositivo debe estar al servicio del aprendizaje y no el aprendizaje al servicio del dispositivo. Una regulación firme permite establecer esa diferencia. Durante las clases, el celular debe permanecer guardado, salvo cuando el docente determine que su utilización forma parte de una actividad educativa. La comunicación con las familias debe realizarse mediante los canales establecidos por la institución, y cualquier situación de emergencia debe atenderse mediante los protocolos correspondientes. La educación básica debe preparar a los estudiantes para utilizar la tecnología con criterio, responsabilidad y autonomía. Eso implica enseñarles tanto sus posibilidades como sus límites. Un joven que sabe utilizar un dispositivo, pero no puede controlar su uso, no ha desarrollado plenamente una competencia digital. Por ello, es momento de que las autoridades educativas, directivos, docentes y familias establezcan una política institucional clara, común y aplicable sobre el uso de celulares en las escuelas. No hacen falta reglas ambiguas ni decisiones aisladas: se requieren criterios definidos, mecanismos de seguimiento y acciones educativas que involucren a toda la comunidad escolar. La escuela debe recuperar la conducción de este debate y colocar el aprendizaje en el centro. Regular el celular no significa rechazar la tecnología; significa asumir la responsabilidad institucional de enseñar a utilizarla con propósito, límites y responsabilidad. La decisión corresponde a la comunidad educativa, pero el principio debe ser inequívoco: ninguna herramienta tecnológica puede estar por encima del derecho de los alumnos a aprender.