Detectan presuntas irregularidades por más de 1,300 millones de pesos en contratos del sector salud del Estado de México

Toluca, Estado de México.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció una serie de presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de contratos de la Secretaría de Salud del Estado de México que, en conjunto, representarían más de mil 300 millones de pesos del presupuesto público. Los señalamientos incluyen contrataciones relacionadas con monederos electrónicos para trabajadores, logística de campañas de vacunación, caravanas médicas, adquisición de ventiladores y la instalación de paneles solares en hospitales. Durante una conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, sostuvo que mientras el sistema de salud mexiquense enfrenta problemas de desabasto de medicamentos, falta de insumos y carencias de personal médico, el gobierno estatal ha destinado recursos millonarios a contratos que presentan posibles inconsistencias y que, a juicio de la oposición, ameritan una revisión exhaustiva por parte de las autoridades fiscalizadoras. La también senadora señaló que uno de los casos más relevantes corresponde a la contratación de servicios de monederos electrónicos operados por la empresa Broxel S.A. de C.V. De acuerdo con la información presentada, entre 2024 y 2025 la Secretaría de Salud habría otorgado cinco contratos mediante adjudicación directa por un monto acumulado de 497 millones 151 mil 057 pesos. Según la dirigente priista, estos contratos fueron asignados sin procesos de licitación pública abierta y contemplan además el pago de una comisión de 2.5 por ciento por la operación del servicio. Ruiz Sandoval afirmó que la empresa se encuentra bajo investigación por parte de instancias federales relacionadas con el combate a la corrupción, por lo que consideró necesario revisar a detalle los criterios utilizados para su contratación. Otro de los contratos cuestionados por la dirigencia del PRI es el relacionado con la logística de la campaña de vacunación contra el sarampión realizada entre octubre y diciembre de 2025. De acuerdo con la denuncia, el gobierno estatal destinó 194.8 millones de pesos para la operación logística de dicha estrategia sanitaria. La legisladora explicó que el contrato incluyó la renta y operación de 57 unidades móviles con chofer, además de carpas, sillas, mesas, material de papelería, chalecos, gorras, brazaletes, folletos informativos y otros insumos utilizados durante las jornadas de vacunación. Sin embargo, criticó que el gasto se concentrara en la logística y no incluyera la adquisición de vacunas, lo que calificó como una contradicción frente a las necesidades prioritarias del sistema de salud. Las denominadas “Caravanas por tu Salud” también fueron objeto de cuestionamientos. Ruiz Sandoval informó que existe un contrato por 252.3 millones de pesos destinado a la operación de cinco caravanas médicas, lo que representa un costo promedio superior a los 50 millones de pesos por unidad. La empresa beneficiada, indicó, es Línea Médica del Sur S.A. de C.V., originaria del estado de Tabasco y constituida en diciembre de 2018. De acuerdo con la denuncia, la misma compañía recibió además otro contrato por 22.7 millones de pesos para la renta de seis unidades móviles destinadas a la detección de enfermedades en hombres. La dirigente estatal del PRI sostuvo que ambos contratos deben ser revisados para determinar si los recursos públicos fueron ejercidos de manera eficiente y conforme a la normatividad vigente. Asimismo, cuestionó que una misma empresa haya concentrado contratos de alto valor económico relacionados con programas de atención médica itinerante. Entre los señalamientos presentados también se encuentra la compra de 133 ventiladores médicos. Según la información expuesta por la oposición, el contrato habría registrado un sobrecosto cercano al 80 por ciento respecto de los precios de referencia del mercado. Aunque no se dieron a conocer detalles técnicos sobre la adquisición, la dirigente consideró que las diferencias de precio justifican una auditoría especializada. A ello se suma la compra e instalación de más de cuatro mil paneles solares en hospitales y unidades médicas de la entidad. Ruiz Sandoval afirmó que los registros disponibles indican que dichos equipos habrían sido colocados en un plazo de apenas cuatro días, situación que, desde su perspectiva, resulta poco creíble debido a la magnitud del proyecto y a las condiciones operativas que implicaría una instalación de esa escala. En conjunto, señaló, los contratos observados representan más de mil 300 millones de pesos de recursos públicos que deben ser objeto de una investigación para esclarecer si existieron irregularidades administrativas, posibles actos de corrupción o daños al patrimonio estatal. Ante este panorama, la presidenta del PRI mexiquense adelantó que las y los legisladores de su partido en el Congreso local promoverán una solicitud formal para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realice las auditorías correspondientes. El objetivo, explicó, es determinar la legalidad de los procedimientos de contratación y verificar el correcto ejercicio de los recursos públicos involucrados. “La salud de las y los mexiquenses no puede convertirse en un negocio para unos cuantos”, expresó la dirigente al concluir su intervención, al tiempo que pidió transparencia y rendición de cuentas en el manejo del presupuesto destinado al sector. Contexto Los señalamientos se producen en un contexto en el que diversos sectores han manifestado preocupación por las condiciones del sistema de salud en el Estado de México. Entre las principales demandas se encuentran el abastecimiento oportuno de medicamentos, la mejora de la infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento de la plantilla médica y de enfermería para atender la demanda de servicios. La transparencia en las contrataciones públicas relacionadas con salud ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a la magnitud de los recursos que se destinan a este sector y al impacto directo que tienen en la atención de millones de personas. Por ello, los mecanismos de fiscalización y control son considerados herramientas fundamentales para garantizar el uso adecuado del presupuesto. Hasta el momento, las acusaciones presentadas por la dirigencia estatal del PRI constituyen señalamientos políticos que deberán ser analizados y, en su caso, corroborados por las instancias de fiscalización y control competentes. Será a través de las auditorías y procedimientos correspondientes como se determine si existieron irregularidades o responsabilidades administrativas derivadas de los contratos mencionados.