DENUNCIAN 87 SOLICITUDES DE AMNISTÍA POR PRESUNTAS INJUSTICIAS PENALES; ACUSAN FALLAS EN INVESTIGACIONES Y SENTENCIAS

Por Angélica Telles Rojas Asociación civil exige revisar casos de personas privadas de la libertad que aseguran ser inocentes; advierte sobre deficiencias del sistema penal y el costo económico de la impunidad. En conferencia de prensa, integrantes de la Asociación Civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., colectivo dedicado a la defensa de personas que consideran falsamente culpables, denunciaron presuntas irregularidades en la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (SJPAO), así como la falta de investigación adecuada en diversos procesos judiciales. La organización informó que ha presentado 87 solicitudes ante la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía de la LXII Legislatura, con el propósito de que se revisen expedientes de personas que permanecen privadas de la libertad y que, de acuerdo con sus representantes, fueron condenadas sin que existieran pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal. De acuerdo con la información expuesta durante la conferencia, los casos corresponden a delitos de alto impacto: 37 relacionados con homicidio. 15 por secuestro. 13 por violación. 10 por robo de vehículos. 9 por extorsión. 5 por otros delitos de robo. La suma de estos rubros es de 89 solicitudes, por lo que la asociación deberá precisar si existe algún traslape o error en el desglose, dado que su cifra general reportada es de 87. PRESUNTAS FALLAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Los representantes de la asociación señalaron que uno de los principales problemas detectados en los expedientes es la presunta ausencia de protocolos adecuados de investigación para delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículos y otros ilícitos. También cuestionaron que, en algunos procesos, las sentencias se hayan sustentado principalmente en testimonios o imputaciones, sin que existieran, según su denuncia, otros elementos probatorios suficientes para demostrar la participación de los acusados. Otro señalamiento se relaciona con las detenciones bajo el argumento de supuesta flagrancia, en lugar de órdenes de aprehensión, situación que, a juicio de la organización, amerita revisar la legalidad de las actuaciones ministeriales y policiales. Desde la perspectiva del derecho penal, la presunción de inocencia, la carga de la prueba a cargo de la fiscalía, el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada son principios fundamentales. Una sentencia condenatoria debe estar sustentada en pruebas lícitas y suficientes, no solamente en señalamientos. La asociación considera que estas deficiencias evidencian una crisis en la procuración e impartición de justicia y reclama que se revisen los expedientes para determinar si existen personas encarceladas injustamente. EL COSTO ECONÓMICO DE LA INSEGURIDAD Y DE UNA JUSTICIA DEFICIENTE El problema también tiene una dimensión económica y presupuestal. De acuerdo con el INEGI, mediante la ENVIPE 2025, el costo de la inseguridad y el delito para los hogares mexicanos durante 2024 alcanzó los 269 mil 600 millones de pesos, equivalente al 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cantidad comprende pérdidas económicas por victimización, gastos médicos y recursos que las familias destinan a protegerse de la delincuencia. A este impacto se suma el costo de mantener operando las instituciones de seguridad, fiscalías, tribunales y centros penitenciarios. Cuando una investigación se realiza deficientemente o una persona es condenada sin pruebas suficientes, el Estado puede terminar destinando recursos públicos a procesos judiciales, revisiones de sentencias, litigios y encarcelamientos que podrían haberse evitado mediante investigaciones profesionales y respeto al debido proceso. Además, si se acredita una detención o condena ilegal, pueden surgir responsabilidades patrimoniales y obligaciones de reparación integral, conforme al marco jurídico aplicable. Por ello, la revisión de los casos no debe entenderse como un gasto adicional sin sentido, sino como una oportunidad para corregir errores institucionales, evitar daños irreparables y mejorar la utilización de los recursos públicos. LA DIMENSIÓN POLÍTICA: AMNISTÍA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL En el ámbito político, las solicitudes de amnistía colocan nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de los poderes públicos en la vigilancia del sistema de justicia. La amnistía, en los términos de la legislación aplicable, es un mecanismo excepcional que debe analizarse conforme a sus requisitos legales. No sustituye automáticamente los mecanismos de impugnación ni significa que todas las personas solicitantes sean inocentes. Sin embargo, las denuncias presentadas por la asociación abren una discusión sobre la necesidad de revisar actuaciones ministeriales, decisiones judiciales y posibles violaciones a derechos humanos. La organización también hizo referencia a pronunciamientos relacionados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la necesidad de contar con un grupo de expertos independientes y profesionales de alto nivel para examinar las irregularidades denunciadas. Durante la conferencia participaron Beda Sarmiento, presidenta de la asociación, y José Humberto Pérez Espinosa, identificado como ex preso político. JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y GARANTÍAS PARA LOS ACUSADOS El desafío del sistema penal mexicano es garantizar justicia en ambos sentidos: que los responsables de delitos sean investigados y sancionados conforme a derecho, pero también que ninguna persona inocente pierda años de su vida por investigaciones deficientes, imputaciones sin sustento o resoluciones judiciales injustas. La privación de la libertad de una persona inocente no solamente destruye proyectos de vida y afecta a familias enteras; también compromete la credibilidad de las instituciones y desvía recursos públicos que deberían destinarse a combatir la delincuencia, atender a las víctimas y fortalecer la investigación criminal. La exigencia de fondo de la Asociación Civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos es que las 87 solicitudes reportadas sean atendidas, que se revisen los expedientes y que las autoridades garanticen que la justicia no se convierta en un mecanismo de condena sin pruebas. Porque combatir la delincuencia también significa combatir la impunidad, pero nunca a costa de encarcelar a personas inocentes.

11/17/20261 min leer

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