DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONA GOBIERNO A TRAVÉS DEL TURISMO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO

Por Angélica Telles Rojas En el discurso oficial, el turismo suele presentarse como sinónimo de progreso, desarrollo y modernización. Sin embargo, para los pueblos originarios del Estado de México —mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas y tlahuicas— esta narrativa gubernamental ha significado, en muchos casos, despojo territorial, mercantilización cultural y debilitamiento de la vida comunitaria. Bajo programas como “Pueblos Mágicos” y “Pueblos con Encanto”, el Estado ha impulsado un modelo turístico que prioriza la rentabilidad económica y la atracción de visitantes por encima de los derechos históricos y colectivos de los pueblos indígenas. Detrás de la imagen pintoresca y folclórica que se vende al turismo nacional e internacional, se esconde una realidad marcada por la exclusión, la discriminación y la invasión de territorios ancestrales. La turistificación transforma comunidades vivas en escenarios comerciales. Las ceremonias espirituales, las festividades tradicionales y los espacios sagrados dejan de ser expresiones profundas de identidad y cosmovisión para convertirse en espectáculos destinados al consumo visual del visitante flotante. En lugares como Temoaya, el Nevado de Toluca, Malinalco o Valle de Bravo, las prácticas culturales indígenas son reducidas a mercancías turísticas despojadas de su sentido espiritual y comunitario. Uno de los casos más graves denunciados por autoridades tradicionales y organizaciones otomíes es el del Centro Ceremonial Otomí de Temoaya. Construido originalmente por el propio Pueblo Otomí como un espacio espiritual y ceremonial, posteriormente fue expropiado y administrado por el Gobierno estatal, convirtiéndolo en parque turístico y deportivo. Para las comunidades, esto representa una profanación de un sitio sagrado y una violación directa a su autonomía, espiritualidad y libre determinación. Durante más de cuatro décadas, denuncian haber sufrido exclusión, discriminación racial e imposición institucional por parte de organismos gubernamentales como CEPANAF, IDEM y CONADE, exigiendo la devolución inmediata del recinto a la autoridad espiritual y al gobierno autónomo otomí. A la par, el turismo también impulsa procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria. El aumento de residencias vacacionales, hoteles boutique y desarrollos turísticos en zonas rurales y boscosas encarece el acceso a la tierra, el agua y los servicios básicos. Muchas familias indígenas son desplazadas gradualmente hacia periferias urbanas, abandonando prácticas agrícolas, comunitarias y tradicionales que durante generaciones sostuvieron su forma de vida. La artesanía indígena tampoco escapa de esta lógica extractivista. Los textiles mazahuas y otomíes, el Árbol de la Vida de Metepec y múltiples expresiones artísticas ancestrales son explotadas comercialmente sin garantizar reconocimiento, protección ni beneficios justos para sus creadores. Mientras las grandes industrias y comercios obtienen ganancias, las y los artesanos enfrentan regateo, competencia desleal con imitaciones industrializadas y apropiación cultural de sus diseños. Aunque instituciones como el CEDIPIEM y el IIFAEM promueven proyectos turísticos y artesanales bajo el argumento del “desarrollo”, numerosos movimientos indígenas cuestionan profundamente estas políticas. Las califican como neocolonialistas, asistencialistas y folclorizantes, pues fortalecen el extractivismo cultural y ambiental, debilitan la cohesión comunitaria y subordinan las formas de autogobierno indígena a intereses empresariales y políticos. El problema central no es únicamente económico; es político, territorial y civilizatorio. El turismo impuesto sin consulta previa vulnera directamente el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Se sustituyen las decisiones colectivas de las asambleas comunitarias por modelos externos de administración territorial y explotación comercial. La autonomía indígena es desplazada por una gobernanza orientada al mercado. El marco internacional reconoce claramente estos derechos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, a conservar sus instituciones sociales y culturales, y a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que afecte sus territorios y formas de vida. Frente a ello, crece también la resistencia comunitaria. Diversos pueblos, organizaciones, autoridades tradicionales y asambleas indígenas del Estado de México y del país continúan defendiendo sus territorios, sus centros ceremoniales y su patrimonio espiritual frente al avance del turismo depredador y la especulación inmobiliaria. No rechazan el intercambio cultural ni la economía comunitaria; rechazan un modelo extractivista que convierte la identidad indígena en mercancía y a los pueblos originarios en simples adornos del paisaje turístico. La verdadera transformación no puede construirse sobre el despojo ni la simulación multicultural. Mientras el gobierno continúe promoviendo proyectos turísticos sin respetar la autonomía indígena, seguirá profundizando un proceso de etnocidio silencioso disfrazado de desarrollo. La defensa del territorio, de la espiritualidad y de la vida comunal no es un obstáculo para el progreso: es una lucha legítima por la dignidad, la memoria histórica y el derecho de los pueblos a existir según sus propias formas de organización y cosmovisión.