Congreso mexiquense impulsa agenda social: protección a periodistas, combate a la corrupción y atención a nuevas problemáticas

Toluca, Estado de México. En un contexto marcado por riesgos al ejercicio periodístico, exigencias de transparencia institucional y nuevas problemáticas sociales como la violencia digital y de género, el Congreso del Estado de México aprobó y analizó una serie de reformas orientadas a fortalecer derechos, mejorar la rendición de cuentas y atender demandas sociales emergentes. Uno de los avances más relevantes fue la aprobación de medidas para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sectores que históricamente han enfrentado condiciones de vulnerabilidad y violencia en el país. La Legislatura avaló la creación de un directorio voluntario que permitirá agilizar la atención en casos de emergencia, así como la implementación de protocolos de actuación y acceso a servicios como atención médica, programas sociales y apoyo para gastos funerarios. La medida —impulsada por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y legisladores— busca garantizar condiciones más seguras para el ejercicio periodístico, sin que el registro implique obligaciones o restricciones, respetando la libertad y autonomía de quienes integran este gremio. En paralelo, el Congreso dio un paso en el combate a la corrupción al aprobar la tipificación del nepotismo como falta administrativa grave, iniciativa promovida por el diputado José Miguel Gutiérrez Morales. Esta conducta podrá ser sancionada con destitución e inhabilitación de hasta 20 años para servidores públicos que favorezcan a familiares en contrataciones. Desde una perspectiva social, esta reforma responde a una demanda ciudadana persistente: recuperar la confianza en las instituciones y erradicar prácticas que han limitado el acceso equitativo a oportunidades dentro del servicio público. En materia educativa, comisiones legislativas avanzan en el análisis de una iniciativa para regular el uso de teléfonos celulares en escuelas de nivel básico, propuesta de la diputada Paola Jiménez Hernández. El objetivo es promover un uso responsable de la tecnología, reducir riesgos como el ciberacoso y atender efectos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Legisladores coincidieron en que la digitalización, si bien es una herramienta clave, también ha generado nuevos desafíos sociales, como la distracción en aulas, la violencia digital y problemas de concentración, por lo que se busca equilibrar su uso con fines pedagógicos. En el ámbito económico y cultural, el Congreso declaró el 20 de noviembre como el Día del Floricultor Mexiquense, reconociendo a un sector que representa el sustento de miles de familias y posiciona a la entidad como líder nacional en producción de flores. Esta medida visibiliza la importancia de actividades rurales que, pese a su relevancia, enfrentan retos como la competencia global y el aumento de costos. Finalmente, en materia de derechos de las mujeres, legisladoras, activistas e instituciones coincidieron en la necesidad de tipificar la violencia química o ácida como delito autónomo. Durante un foro encabezado por la diputada Zaira Cedillo Silva, se destacó que esta forma de agresión representa una de las expresiones más extremas de violencia de género, por lo que su reconocimiento legal permitiría sanciones más severas y una atención integral a las víctimas. Este conjunto de acciones refleja una agenda legislativa que busca responder a problemáticas estructurales y contemporáneas, desde la seguridad de periodistas y la lucha contra la corrupción, hasta la protección de la niñez, el reconocimiento de sectores productivos y la erradicación de violencias, en un esfuerzo por construir una sociedad más justa, segura e incluyente.