Buscan transparentar 260 mdp para atender alertas de violencia de género en Edomex

Toluca, Estado de México.— La discusión sobre los recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres llegó al Congreso mexiquense con una propuesta que busca convertir la transparencia municipal en una obligación: hacer públicos los montos recibidos, los proyectos, las acciones realizadas y los resultados de los programas vinculados con las Alertas de Violencia de Género. La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT, planteó reformar la Ley Orgánica Municipal para que los ayuntamientos que cuentan con estas alertas publiquen en sus gacetas municipales y medios electrónicos oficiales los recursos destinados a atenderlas, así como los proyectos operativos, anexos técnicos, acciones ejecutadas, beneficiarios y resultados. El planteamiento adquiere relevancia económica porque el Presupuesto de Egresos del Estado de México 2026 contempla 260 millones de pesos para atender las declaratorias de Alerta de Violencia de Género por feminicidio y desaparición en 11 municipios. En una división simple, el monto equivale a unos 23.6 millones de pesos por municipio, aunque la distribución real no es uniforme. Los municipios considerados son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Toluca: bajar los feminicidios no significa levantar la alerta El caso de Toluca introduce otro elemento al debate: qué ocurre con los recursos municipales cuando los indicadores de violencia disminuyen, pero la declaratoria continúa vigente. El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, ha planteado públicamente como objetivo que Toluca pueda levantar sus dos alertas de género. En enero de 2025 señaló que buscaba dejar al municipio con las alertas levantadas y que para ello se reuniría con colectivos feministas. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por el propio alcalde en torno a la permanencia de las declaratorias, el hecho de que los feminicidios hayan disminuido no permite retirar automáticamente la alerta, debido a que no existe actualmente un procedimiento municipal reglamentado que determine su levantamiento. Moreno también ha advertido sobre una consecuencia presupuestal: retirar una alerta implicaría dejar de recibir o modificar recursos etiquetados para las acciones relacionadas con ella, lo que representa un impacto para las finanzas municipales. En otras palabras, la discusión no sólo es de seguridad y resultados, sino también de cómo se asignan, ejercen y mantienen los recursos públicos mientras una declaratoria permanece vigente. La situación puede observarse en el presupuesto ejercido por Toluca. En 2025, el municipio aprobó 14 millones 195 mil 191.40 pesos para acciones vinculadas con las dos alertas: 8 millones 543 mil 428.92 pesos para la alerta por feminicidio y 5 millones 651 mil 762.46 pesos para la relacionada con desaparición. Para 2026, Toluca continúa ejecutando recursos asociados a la declaratoria. Entre las acciones realizadas se encuentra la certificación de integrantes del gabinete municipal en transversalización de la perspectiva de género, financiada con recursos asignados para atender la alerta por feminicidio. El debate: cuánto se gasta y qué resultados produce El planteamiento de Leyva Piñón pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de la existencia de las alertas: ¿cómo comprobar que los recursos destinados a combatir la violencia de género están produciendo resultados concretos? La iniciativa propone que los municipios publiquen periódicamente los avances, el seguimiento y la evaluación de las medidas implementadas. También contempla que la información sea clara, veraz, oportuna y accesible para la población. Esto permitiría que organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, madres buscadoras, familiares de víctimas, instituciones académicas y órganos de control puedan comparar el gasto con las acciones realizadas y sus resultados. En Toluca, por ejemplo, parte de los recursos de las alertas se han destinado a recuperación de espacios públicos, seguridad y profesionalización de servidores públicos. El Ayuntamiento reportó en 2025 que los recursos se utilizaron, entre otras acciones, para reforzar la seguridad, recuperar espacios con perspectiva de género y capacitar al personal. Para 2026, el gobierno municipal también ha reportado acciones de capacitación y certificación de funcionarios en atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Activismo y vigilancia ciudadana La discusión presupuestal tiene además un componente social. En materia de desaparición, las familias y colectivos de búsqueda participan en acciones junto con autoridades estatales y municipales. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México documenta actividades realizadas con colectivos y familiares de personas desaparecidas. La transparencia propuesta por la diputada busca precisamente que estos sectores tengan elementos para dar seguimiento al dinero público y a las acciones comprometidas por los gobiernos. La permanencia de las alertas, por tanto, genera una doble discusión: por un lado, la necesidad de mantener políticas de prevención, atención y búsqueda mientras persistan las condiciones que dieron origen a las declaratorias; por otro, la necesidad de conocer con precisión cuánto dinero se destina, cómo se ejerce y qué resultados obtiene. En el caso de Toluca, el propio Ayuntamiento reconoce que el municipio continúa dentro de los territorios con doble Alerta de Violencia de Género y ha incorporado la perspectiva de género a su programa municipal de prevención. Así, la propuesta legislativa plantea que la discusión no termine en la asignación presupuestal. La ciudadanía tendría que poder seguir la ruta completa del recurso: del presupuesto a la acción y de la acción al resultado. Y mientras no exista un mecanismo claramente establecido para retirar las alertas, como ha señalado el alcalde Ricardo Moreno, la discusión sobre los recursos continuará ligada a la propia permanencia de las declaratorias.