Avalan consulta indígena en Edomex para reconocer derechos y autonomía

El Congreso del Estado de México dio un paso relevante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, al aprobar en comisiones la convocatoria para realizar una consulta libre, previa e informada dirigida a comunidades indígenas y afromexicanas. El acuerdo —impulsado por la diputada Leticia Mejía García, la bancada de Movimiento Ciudadano coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez— busca armonizar la Constitución estatal con la federal y reconocer a estos pueblos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía. El proceso contempla cinco asambleas regionales el próximo 25 de abril en municipios clave, así como una asamblea general el 29 de abril en el Congreso local. Estas reuniones formarán parte de un mecanismo dividido en etapas informativa, deliberativa y consultiva, con seguimiento legislativo para integrar las propuestas comunitarias. Contexto social: una deuda histórica La consulta se enmarca en una demanda histórica de los pueblos indígenas en México: el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos y su participación en decisiones que afectan su vida comunitaria. En el Estado de México, existen al menos 840 localidades indígenas distribuidas en 48 municipios, donde habitan pueblos como los mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas y tlahuicas. A pesar de su riqueza cultural, estas comunidades enfrentan rezagos estructurales en acceso a servicios, justicia y representación política. El derecho a la consulta —reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT— busca garantizar que estas comunidades participen de manera efectiva en decisiones legislativas y administrativas, respetando sus sistemas normativos, lenguas y formas de organización. Un proceso con enfoque intercultural El protocolo aprobado establece que la consulta se realizará bajo principios de buena fe, interculturalidad, libre determinación e igualdad de género. Además, se garantizará el acceso a información en lenguas indígenas y la no intervención de autoridades durante la etapa deliberativa, para asegurar decisiones libres. El proceso será coordinado por el Congreso estatal, con el acompañamiento del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y la observación de la Comisión de Derechos Humanos. Legisladores coincidieron en que este ejercicio no debe verse como un trámite, sino como un avance hacia la reparación histórica y el fortalecimiento de la autonomía indígena.