Ampliarán debate sobre ILE garantiza operatividad, presupuesto y atención digna

Toluca.-En el Congreso del Estado de México se acordó ampliar el análisis legislativo sobre las leyes secundarias que garantizarían la aplicación efectiva del aborto legal antes de las 12 semanas de gestación, tras su despenalización en noviembre de 2024. Las comisiones para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia, encabezadas por las diputadas Zaira Cedillo (Morena) y Emma Laura Álvarez (PAN), coincidieron en la necesidad de incluir en la discusión a las Secretarías de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Finanzas, con el objetivo de evaluar la operatividad y suficiencia presupuestal de las reformas propuestas. Además, se sumarán a la discusión las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Finanzas Públicas, para integrar un análisis integral sobre el impacto de esta legislación. Los ejes de la propuesta La iniciativa, impulsada por la diputada Zaira Cedillo, plantea que la ley garantice el acceso real a la interrupción legal del embarazo (ILE) en condiciones de seguridad, gratuidad, no discriminación y atención digna. Para ello, se proponen tres ejes estratégicos: 1. Educación sexual integral: entrega de productos de gestión menstrual y métodos anticonceptivos. 2. Salud y atención médica garantizada: acceso gratuito, sin discriminación y sin violencia obstétrica a servicios para personas gestantes. 3. Protección a infancias y juventudes: servicios adecuados de salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos infantiles y adolescentes. Cedillo subrayó que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar estos servicios, y que la objeción de conciencia médica se respetará siempre que no se vulnere el derecho a la atención. Debate con tensiones y preocupaciones Durante la sesión, la diputada Emma Álvarez (PAN) pidió que el debate se conduzca con respeto y rigor técnico, señalando que no debe polarizarse el tema ni minimizarse el impacto en el sistema de salud, el cual —afirmó— ya enfrenta carencias de personal e insumos. “Se están postergando cirugías; no podemos afirmar que estas reformas no serán una carga adicional”, advirtió. Por su parte, la legisladora Miriam Silva (PVEM) solicitó que se garantice seguridad jurídica al personal médico, ya que el proyecto contiene —según dijo— conceptos subjetivos que pueden dejar vacíos legales. El diputado Octavio Martínez (Morena) recordó que el Edomex tiene un retraso de casi dos décadas frente a la Ciudad de México en esta materia, e instó a no postergar más el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en derechos reproductivos. Repercusiones en el Estado de México 1. Implicaciones en el sistema de salud El Edomex deberá garantizar que unidades de salud pública (especialmente bajo el modelo IMSS-Bienestar) cuenten con personal capacitado, protocolos establecidos y medicamentos suficientes. La afirmación de que los insumos “no son agravantes” para el sistema será puesta a prueba si no se refuerzan presupuestos o si persisten las carencias denunciadas. 2. Impacto presupuestal La inclusión de la Secretaría de Finanzas en el análisis sugiere que habrá una revisión detallada sobre si el Estado cuenta con los recursos necesarios o si se requerirá una reestructuración presupuestal. La falta de claridad en los costos reales podría convertirse en un foco de debate entre fracciones legislativas. 3. Educación y prevención En el terreno educativo, la reforma plantea una profundización de la educación sexual integral, lo que requerirá ajustes curriculares y capacitación docente. Dado el carácter conservador de ciertos sectores sociales en el estado, es probable que surjan resistencias tanto de actores religiosos como de grupos de padres de familia. 4. División política y social Este tema marca una línea divisoria clara entre las fuerzas progresistas (Morena, PT, algunos del PVEM) y conservadoras (PAN, sectores del PRI). También puede generar un nuevo punto de movilización para colectivos feministas, médicos y organizaciones religiosas. El Congreso mexiquense avanza hacia la implementación real de la ILE, pero el camino no está libre de obstáculos técnicos, presupuestales y políticos. Mientras sectores progresistas demandan cumplimiento efectivo de derechos reproductivos, otros actores piden prudencia y garantías para el sistema de salud y el personal médico. Con este nuevo paso legislativo, el Estado de México entra en una etapa clave para definir si será capaz de operativizar una reforma histórica o si quedará entrampado en el papel. El debate apenas comienza.