A 30 años de los acuerdos de San Andrés, falta reconocimiento pleno de derechos indígenas y* *enfrentan discriminación* Genaro Bautista / AIPIN

* A 30 años de los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, entre el gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, dirigentes y representantes indígenas, expertos, así como parlamentarios y legisladoras coincidieron en que la unidad y reagrupamiento del Movimiento Indígena es importante para su relación con el Estado mexicano. En el foro “Los acuerdos de San Andrés, 30 años después: pretensiones, avances, pendientes, exigencias”, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez y la diputada Evangelina Moreno Guerra, de Morena, llamaron a retomar el contenido de los acuerdos, evaluar su cumplimiento y avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Al encuentro acudieron Natividad Gutiérrez Chong del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Carlos de Jesús Alejandro Nahua de Guerrero de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de México, (COPIM), Abelardo Torres de Michoacán de la Organización Nación Purépecha Zapatista, Griselda Galicia, mixteca de Oaxaca y Miguel Paz Carrasco. En su participación Natividad Gutiérrez, afirmó que las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado, aún falta por consolidarse. Subrayó que, en los acuerdos de San Andrés, fue fundamental la participación de liderazgos y lideresas indígenas como la masa crítica sin la que habría difícil haber llegado a los Acuerdos. Fue esencial la participación que tuvieron los profesionales indígenas entre ellos además de las dirigencias, abogados Indígenas y profesores. Recordó que estuvieron llegar a un documento que reflejara las demandas indígenas en 1996, hubo 40 negociadores de los cuales sólo 6 eran indígenas y de ellos ninguno chiapaneco En el Foro donde se coincidió que está pendiente la armonización de leyes secundarias con los Estados, se insistió en que es urgente la presencia de más profesionales indígenas en espacios de decisión. El Diputado Alfredo Vázquez, señaló que falta regular el artículo 2º Constitucional y que la deuda de lo establecido en San Andrés aún no ha sido saldada. Los participantes señalaron en que es importante el reconocimiento de los pueblos indígenas a las tierras y territorios, además de su incursión en la representación política y legislativa real. Dado que hasta ahora sólo se ha dado la simulación en esto último y la usurpación en las diputaciones indígenas hace daño. Dijeron que en tanto esto no ocurra, sin los indígenas no podrán darse cambios profundos. *El EZLN estableció el tema indígena en la Agenda nacional e internacional.* Abelardo Torres, enfatizó que los Acuerdos de San Andrés están inconclusos, recordó que la reivindicación de la tierra y el territorio indígena están encorchetados, según los términos legislativos. Otros puntos donde afloraron las coincidencias son la falta de coordinación en el Movimiento Indígena y en la necesidad de restablecer diálogo con el EZLN, dando a entender que la Comisión para el Diálogo y la Negociación requiere reactivarse. Por su parte Miguel Ángel Paz quien colaboró con Don Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas apuntó que el Movimiento Indígena de los 90 se ha ido diluyendo, ha perdido la fuerza de un elemento que pedía la transformación del país Estima que en el contexto de los 30 años de los Acuerdos de San Andrés se deben recuperar las comisiones creadas en 1994 y que exista de nueva cuenta un Movimiento Indígena vigoroso, de unidad con liderazgos fortalecidos y comprometido con sus pueblos y comunidades El Diputado Alfredo Vázquez, destacó que en 2024 se aprobó una reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas, pero aún requiere su desarrollo normativo. El legislador advirtió que ante una eventual reforma electoral se deberá garantizar la representación indígena. “Ya no queremos más acuerdos del INE sobre acciones afirmativas indígenas, exigimos que nuestros derechos se encuentren formalmente en la Constitución”. En este contexto, en un documento firmado por la Alianza por la libre determinación y autonomía (ALDEA), afirmó que a 30 años de los acuerdos de San Andrés, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siguen enfrentando una discriminación histórica resultado de siglos de exclusión y de compromisos incumplidos por parte del Estado mexicano. En su pronunciamiento, alertaron sobre la persistencia de políticas públicas extractivistas, que continúan impulsando el despojo territorial, vulnerando la organización social indígena y reproduciendo el racismo estructural. “Estas políticas reducen la identidad cultural a un elemento meramente folklórico”, mencionaron. Detallaron que, las reformas legislativas recientes a la Ley de Amparo, limitan los mecanismos de defensa del territorio de los pueblos y comunidades indígenas; además de la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, que priorizan intereses extractivos sobre el derecho al agua de los pueblos originarios, y, por último, los planes energéticos que consideran la extracción de gas mediante el devastador proceso de fracturación hidráulica (fracking), sin consulta, y sin consentimiento de las comunidades afectadas. La red de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y afromexicanas, recordó que el concepto territorio para los pueblos indígenas no sólo es un espacio físico, sino que es el fundamento espiritual, político, y comunitario desde donde se ejerce la vida colectiva, la organización social y las formas propias de gobierno. Su despojo implica la vulneración directa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Por otra parte, señalaron que, en el marco de la discusión pública respecto a una reforma electoral, la autonomía y la representación política real siguen siendo tarea pendiente justo como se discutió hace 30 años. “La reforma al artículo 2° constitucional de septiembre de 2024, es vista como un avance simbólico que carece de una Ley General y de mecanismos claros para que los pueblos sean verdaderos sujetos de derecho público. Es indispensable asegurar condiciones reales para hacer efectivas las garantías de participación, el ejercicio de la autonomía y libre determinación para todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas” afirmaron pueblos y organizaciones en todo el país.